RAFAEL J. ALVAREZ
MADRID.-
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha colocado a 11 miembros de la Administración Central en el Consejo Territorial de la Dependencia, órgano clave para decidir cómo se reparten las ayudas a los discapacitados y que desde ayer cuenta con 33 miembros en total. Así, este tuétano decisorio de la Ley de Dependencia queda configurado por el ministro, 11 miembros de la Administración Central, 17 de las comunidades autónomas, dos de Ceuta y Melilla y dos de la Federación de Municipios y Provincias. «Es el rodillo, la idea de la democracia que tiene el Gobierno», clamaba ayer Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Política Social del PP.
Por eso, las CCAA del PP no votaron ni el reglamento de funcionamiento del Consejo -imprescindible para aplicar la ley-, ni el baremo estatal, ni los criterios de evaluación de las personas dependientes.
Desde la pasada semana, los populares sospechaban un desembarco gubernamental en las tripas del Consejo. Pastor critica que ayer se encontraron con una distribución numérica «que no aparece en ningún decreto, que no ha sido presentada por escrito, que vulnera la ley 31/90 y que atenta contra el espíritu de consenso de los consejos territoriales», según Pastor. «Las comunidades son las que tienen competencias en servicios sociales. Pero, desde ayer, cualquier decisión del Consejo será de Caldera. Si decide dar 50 millones a Galicia y 20 a Valencia, lo hará».
Y eso porque, además, no decidirá por unanimidad, sino por mayoría.
Medir la discapacidad
Comparando Consejos, el que preside Caldera tendrá mucho público a favor de Gobierno. Por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera está formado por 19 personas: dos ministros y 17 representantes de las CCAA, si bien los dos miembros del Gobierno tienen el 50% de los votos. Y, por ejemplo, el Consejo Interterritorial de Salud lo integran 20 personas: la ministra, 17 consejeros de CCAA y dos representantes de Ceuta y Melilla. Otros dos miembros de Sanidad tienen voz, pero no voto.
Cuando las CCAA del PP entraron ayer en Trabajo se toparon con más compañeros de Consejo de los que querían. «Quieren controlarlo todo. Nosotros les propusimos tres puestos: el ministro, un representante de Sanidad y otro de Administraciones Públicas. Pero ¿11? Es un desprecio, una imposición, la política del trágala. Y encima nos han llamado obstruccionistas y boicoteadores», se revolvía tras la reunión Alicia de Miguel, consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
En esa cita fundacional, el Consejo aprobó el baremo por el que el ciudadano puede recibir una evaluación de hasta 100 puntos que le definirá como dependiente en tres grados. El baremo, informó Trabajo en una nota, valorará las siguientes capacidades para determinar el nivel de dependencia: comer y beber; regulación de la micción y la defecación; cuidados corporales; vestirse; cuidar de uno mismo; sentarse, tumbarse o ponerse de pie; desplazarse dentro y fuera del hogar, y tomar decisiones.
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