Desde el Ministerio de Trabajo declinaron ayer realizar valoración alguna sobre el anuncio del Ejecutivo rumano, pese a las reiteradas peticiones de este diario.

Las autoridades rumanas habían anunciado su intención de denunciar al Ejecutivo español ante la Comisión Europea al considerar que éste vulneraba el principio de la libre circulación de personas. Como publicó EL MUNDO el pasado 12 de enero, Rumanía -que ingresó en la UE a principios de 2007- estimaba que la petición de visado a un ciudadano europeo violaba la directiva 38/2004. Ésta decreta en su artículo 5 -recogiendo disposiciones de hace 40 años- que «a los ciudadanos de la Unión no se les podrá imponer ningún visado de entrada ni obligación equivalente».

Sin embargo, existe una instrucción desde finales de diciembre del Ministerio de Trabajo en la que se establece que todo rumano o búlgaro que no resida en España y quiera trabajar en el país «deberá solicitar en el Consulado el correspondiente visado». Una regla que se aplica a marroquíes, ecuatorianos u otros países terceros.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fijaba este requisito en virtud del periodo transitorio de dos años que ha fijado a los trabajadores rumanos y búlgaros para restringir su circulación.

La decisión de Trabajo de llevar demasiado lejos la moratoria con una disposición ilegal ha provocado en las últimas semanas intensos contactos entre este Ministerio y el de Exteriores. El embajador español en Rumanía, Pablo García-Berdoy, ha alertado a Trabajo de la repercusión que está teniendo la situación en las relaciones con el Gobierno rumano.

El proceso coincide con el proyecto del Departamento de Caldera de trasponer una directiva europea de 2004 sobre libre circulación de trabajadores. Este nuevo real decreto, que estudiará el Consejo de Ministros en las próximas semanas, puede ser la ocasión para rectificar el tiro y dejar claro que España no puede imponer visados a otros ciudadanos comunitarios.

Mientras tanto, desde Bucarest el ministro rumano Barbu insistía en que las autoridades españolas iban a modificar la normativa y a eliminar los visados exigidos hasta ahora para los empleados rumanos. «Caldera me comunicó que los rumanos tendrán el mismo trato que los ciudadanos de la Unión Europea. Necesitarán sólo un permiso de trabajo y no otra cosa», precisó Barbu. Según su testimonio, Caldera le transmitió esta decisión durante los pasados días 18 y 20 de enero, durante una reunión informal de ministros en la Unión Europea.

La secretaria de Estado de Trabajo en el Extranjero de Rumanía, Daniela Nicoleta Adreescu, también manifestó: «España no puede imponer limitaciones para Rumanía. Es el único Estado miembro que mantiene visados de trabajo para los rumanos. Se trata de una discriminación y vamos a apelar a la Comisión Europea».