Los graves sucesos ocurridos este fin de semana en Alcorcón tienen que provocar una reacción institucional y social ineludible. Es obvio que no nos estamos enfrentando sólo a un hecho puntual que afecta al orden público sino a un conflicto latente, de raíces más profundas, que parece haber eclosionado de la peor manera posible. Detrás de estos actos violentos se esconde, sin duda, un problema de convivencia social y de integración.
La amenaza de que pueda volver a suceder no puede quedar sólo en la certeza de que habrá control policial; tenemos que actuar de manera efectiva sobre las causas que están llevando, por ejemplo, a que según algunas encuestas, el rechazo a los inmigrantes haya aumentado del 8 al 32%. No basta con abordar los problemas cuando éstos surgen de manera contundente, como ha ocurrido en este caso; hay que ser capaces de detectar los riesgos con antelación y trabajar para poder controlarlos.
La prevención únicamente es posible con una labor coordinada de todas las administraciones y de los agentes sociales. Los ayuntamientos, como instancia más cercana al problema; las comunidades autónomas, como responsables de las políticas de educación y familia y la Administración central del Estado, en el caso de Madrid, como responsable de la seguridad ciudadana. Además de controlar las situaciones policialmente o de incrementar el número de efectivos en aquellas localidades que así lo requieran, es necesario destacar que, tras los brotes de racismo o de exclusión por parte de unos y de otros, se esconde una falta de valores y de referentes que hay que abordar desde la infancia, con actitudes integradoras, y reconociendo que, efectivamente, estamos ante un problema serio. La educación, como factor de igualdad y de crecimiento social, es la herramienta más adecuada para conseguirlo.
Y hablamos del sistema educativo y de la responsabilidad de las administraciones, pero también de las familias, de los medios de comunicación, de las asociaciones de vecinos, de padres, clubes deportivos, ONG'S... En definitiva, hablamos de la implicación de toda la sociedad para conseguir que lo que ya es una realidad, la cohabitación de distintas nacionalidades y culturas, se desarrolle de manera integradora y pacífica.
Tengamos claro que la inmigración no es un problema; muy al contrario, es un elemento enriquecedor y positivo y todos, los de fuera y los de aquí, tenemos que saber encontrar espacios comunes. Lo sucedido estos días demuestra que no lo estamos haciendo y este es, precisamente, el reto que debemos afrontar.
El hecho de que muchos de los participantes en la revuelta del fin de semana sean menores, aparte de preocuparnos, debe servirnos de estímulo para trabajar aún más intensamente en alcanzar esas cuotas de convivencia, tolerancia e integración que precisa una sociedad desarrollada. Impedir una nueva convocatoria como la del próximo fin de semana, en Alcorcón o en cualquier otro lugar, es una exigencia social a la que las instituciones debemos responder conjuntamente, con valentía, firmeza y responsabilidad.
Arturo Canalda es defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.