L. A. S.
Los Estatutos Federales de IU fijan unas condiciones mínimas para que la Comisión Federal de Garantías pueda reunirse y para que sus acuerdos sean válidos. El primero es que para que «puedan celebrarse las sesiones de la Comisión deberán estar presentes la mitad más uno de sus miembros» (artículo 27.1 de los Estatutos), es decir, cinco personas, porque la Comisión la componen ocho miembros.
Sin embargo, esta circunstancia no se produce desde el pasado octubre, ya que cuatro miembros han dimitido, en la práctica, de sus funciones.
Ésta y otras irregularidades fueron puestas en conocimiento de la dirección federal el pasado viernes, un día antes de que la Comisión se reuniera para emitir su resolución sobre el conflicto de las candidaturas madrileñas.
Hasta octubre, eran cinco las personas que componían la Comisión Federal, el mínimo que fija el artículo 27.1 de los Estatutos para que puedan celebrarse las reuniones. El 21 de octubre de 2006, uno de sus miembros, Iñaki Artigas, representante de Ezker Batua (IU-Euskadi), anunció que no volvería a la Comisión y lo hizo por escrito. En su carta -a la que ha tenido acceso M2- asegura que desde aquel momento, «paralizo mi trabajo en la Comisión». La razón es «la situación de precariedad que atraviesa la Comisión» y que la dirección federal no ha hecho nada por remediarlo.
Además, entre los cuatro miembros que sí acuden a la Comisión, el 50% (dos) son de la federación de Madrid. Esta circunstancia está también prohibida por los Estatutos en el artículo 44.
Se da el caso de que ambos son militantes opuestos a Pérez y a la mayoría en IU Madrid -uno, el presidente de la Comisión de Garantías, es muy próximo a Gaspar Llamazares y el otro, al diputado regional Fausto Fernández-.
Esta irregularidad también fue denunciada por Artigas, que dijo que «dos miembros de la Comisión pertenecen a la federación de Madrid y no pueden instruir los expedientes que provengan de esa federación», como han hecho.
Además, la Permanente de Madrid denunció que la resolución también es nula por la caducidad del expediente. El artículo 46 de las normas federales dice que la tramitación de las denuncias debe llevar unos plazos máximos de 100 días. En el caso de Madrid, el plazo se ha doblado.
Por todas estas razones, la dirección de Madrid entiende que la Comisión Federal está invalidada para emitir ninguna resolución. El pasado diciembre, la Presidencia Regional aprobó por un 77% rechazar las resoluciones de la Comisión Federal de Garantías porque IU Madrid tiene «plena soberanía política» y este órgano está «inhabilitado y funciona de modo irregular»
|