El Consell Executiu aprobó el proyecto de ley para la creación de la Agencia Tributaria Catalana. Este borrador se tramitará ahora en el Parlament con la idea de que el nuevo organismo pueda ponerse en marcha el próximo mes de agosto de acuerdo con lo establecido en el nuevo Estatut, según explicó ayer el conseller de Economia i Finances, Antoni Castells, quien confía en que todos los grupos parlamentarios secunden la propuesta.

Haya o no haya acuerdo, las cosas irán despacio y la Agencia Tributaria Española no se convertirá en algo residual en Cataluña hasta dentro de casi dos años. En su primera etapa este organismo sólo tendrá competencias para gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar los tributos totalmente cedidos por el Estado a la Generalitat y los propios de la Administración catalana.

Se trata, en total, de seis tributos. Cuatro cedidos: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y la Tasa sobre el Juego. Y dos propios: el Impuesto sobre las Grandes Superficies Comerciales y el Gravamen de Protección Civil.

El Estado también cedió a la Generalitat el Impuesto sobre Medios de Transporte y el de Hidrocarburos de cuya recaudación no se encargará, de momento, la nueva entidad catalana, debido a la complejidad que supone gestionarlos.

La recaudación conjunta de los tributos que corresponderán a la agencia catalana ascenderá a cerca de 6.000 millones de euros, según los cálculos de Castells. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el que reportará más ingresos a las arcas de la Generalitat, unos 3.700 millones de euros.

Cataluña se nutre también de una participación en los impuestos que comparte con el Estado. La agencia española seguirá recaudando estos tributos hasta la puesta en marcha de la segunda fase del despliegue de la nueva entidad, que tendrá lugar en agosto del año que viene.

Será entonces cuando, según lo previsto en el Estatut, se cree el consorcio entre ambas Agencias Tributarias, la española y la catalana. Este consorcio -cuyo organigrama todavía no está diseñado- se encargará de gestionar todos los tributos excepto los que pertenecen íntegramente al Estado, como el Impuesto sobre Sociedades.

En principio, la Hacienda Pública estatal seguirá teniendo presencia en Cataluña, precisamente para encargarse de recaudar este tipo de impuestos. Convivirá, por tanto, con el consorcio, que tendrá competencias sobre el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales que gravan el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos y la energía, además de los propios de la Generalitat y los totalmente cedidos.

Además, el proyecto de ley aprobado ayer prevé la posibilidad de que los ayuntamientos deleguen en la nueva Agencia Tributaria Catalana las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los impuestos municipales. Lo que daría al nuevo organismo la posibilidad de encargarse también de, por ejemplo, el IBI, el Impuesto de Vehículos o la Tasa de Basuras de los municipios que lo soliciten.

Por último, esta entidad tendrá competencia para recaudar por vía ejecutiva los ingresos de derecho público que no tengan naturaleza tributaria como podrían ser, por ejemplo, los precios públicos o las cuotas de urbanización.

En la actualidad, es la Dirección General de Tributos -dependiente del Departament de Economia- quien gestiona los impuestos propios de la Generalitat y los que le ha cedido el Estado, mientras que su recaudación corresponde a la Subdireción General de Tesorería.

La Agencia Tributaria Catalana, que tendrá personalidad jurídica propia, aglutinará estas funciones. Para cumplir con este cometido, tendrá que reclutar a su plantilla, que estará compuesta de personal laboral y funcionarios, ya que sólo los empleados públicos con este rango están habilitados para realizar las tareas de inspección y para imponer sanciones a los contribuyentes morosos.

El secretario del Departament de Economia presidirá la Agencia, que dirigirá un experto nombrado por el Govern. El nuevo ente tendrá su sede en Barcelona, aunque su ubicación todavía no está decidida, y abrirá delegaciones en el resto de Cataluña.

Según el conseller Castells, el Govern quiere que la Agencia Tributaria Catalana -que podrá firmar acuerdos de colaboración con entidades similares de otras comunidades autónomas- se convierta en un ejemplo de «excelencia», de servicio a la ciudadanía y de «lucha contra el fraude fiscal».