El Ministerio de Economía y Hacienda de Pedro Solbes creó el año pasado un Departamento de Grandes Contribuyentes que serán controlados directamente desde Madrid, aseguran fuentes gubernamentales, en plena negociación del Estatut.

Hace poco más de un año, el 21 de enero de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de CiU, Artur Mas, sellaron su acuerdo para allanar el trámite de la aprobación del nuevo Estatut catalán en las Cortes, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

A partir de aquel momento, el hoy ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sería el principal interlocutor de los representantes del Parlament de Catalunya que iban a defender, por su parte, la redacción del Estatut que salió de la Cámara catalana, con un apoyo de más del 89% de los diputados.

Mientras, Rubalcaba se encargaba de pasarle «el cepillo» en palabras del presidente de la comisión constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, y de rebajar algunas de las pretensiones de los tres partidos que componen el tripartito catalán -también el PSC, no sólo Esquerra e Iniciativa- hasta forzar el voto negativo de los republicanos en el Senado.

Al tiempo que el Ministro de Economía y Hacienda, mantenía conversaciones formales sobre las consecuencias de la creación de una Agencia Tributaria catalana que se encargara de recaudar todos los impuestos que se devengan en Cataluña. El caballo de batalla de Castells era no sólo el modelo de financiación autonómica sino que la Agencia Catalana pudiera participar de alguna manera en el Impuesto de Sociedades, algo en lo que Solbes estuvo enrocado en todo momento y que logró retener.

Finalmente el acuerdo preveía que la Agencia Catalana recaudaría y, sobre todo, inspeccionaría los impuestos participados, los propios y los cedidos, excluyendo claro está el impuesto de sociedades, durante sus dos primeros años de vida, mientras que transcurridos 24 meses, se constituiría un consorcio participado al 50% por ambas administraciones tributarias.

A partir de ese momento, el consorcio recaudará directamente la mayor parte de los impuestos que se recauden en Cataluña.Al tripartito le gusta utilizar el término residual para describir la situación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como residual.

Pero mientras Solbes negociaba con Castells que intentaba que el consorcio pudiera tener alguna participación en el impuesto de sociedades, aprovechó para reformar el organigrama interno de la Agencia Tributaria Española.

Hasta ese momento, en cada comunidad autónoma había un delegado especial, encargado de la representación institucional y, fundamentalmente, el área de recaudación, y un inspector jefe regional, encargado de fiscalizar a las empresas con una facturación de seis millones de euros y varios provinciales, encargados de empresas y particulares con ingresos por debajo de esas cantidades.

Además, había varios miembros de lo que entonces se denominaba Oficina Nacional de Inspección (ONI), que, como el nuevo Departamento de Grandes Contribuyentes, se ocupaba de aquellos casos en los que la facturación supera los 60 millones de euros.

Con la entrada en funcionamiento de la nueva Agencia Tributaria Catalana y, a partir de que se consorcie con la española, Solbes ha decidido dejar una representación mínima en materia de recaudación, donde no le importa que la parte catalana participe. Pero, en el área de Inspección la cosa será sustancialmente distinta.

Los inspectores y subinspectores asignados a la Inspección regional y provincial podrán reportar a sus superiores en el consorcio, pero no así los actuales integrantes de la ONI, que seguirán reportando directamente al director general de la Agencia Tributaria sin necesidad de dar cuentas al consorcio, aunque se trate de una simple acta de inspección de IVA.

Estos inspectores, además, también tendrán capacidad para fiscalizar a aquellos contribuyentes individuales que declaren ingresos o patrimonio superior a los seis millones de euros. En este área, los inspectores del nuevo Departamento de Grandes Contribuyentes se mostraron especialmente activos durante 2006 y cazaron a más de un empresario avispado que había hecho algún pelotazo conocido y se le han llevado la mayoría de las ganancias para el Erario Público.