NANDO GARCIA
BARCELONA.-
No pudo soportar volver a estar encerrado. Santiago Carlos Rodríguez ingresó en 1997 en prisión para cumplir una condena de 13 años y tres meses por asesinar a su compañera sentimental.Desde entonces no dio problemas y así consiguió que en junio del año pasado le otorgaran un permiso. Llevaba casi dos lustros entre rejas y no resistió la tentación de huir. Medio año después, le detuvieron y volvió a la cárcel. Al día siguiente se ahorcó.No pudo soportarlo.
La historia de este uruguayo es la del fracaso de su vida y del sistema de reinserción del modelo penitenciario.
Este hombre ingresó en el Centro Penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, en 1997. Había sido condenado por sentencia firme a 11 años y tres meses de prisión por homicidio doloso y dos años por tenencia ilícita de armas. Pasaron los años y con ellos llegaron los primeros permisos penitenciarios. El último concedido se remonta al 19 de junio de 2006. Ya nadie le podrá preguntar si tenía intención de huir o de si fue al verse libre cuando optó por no volver a la cárcel. En cualquier caso, no regresó. Su penúltimo error.
En estos casos, se cursa una orden de búsqueda y captura que se remite a los distintos cuerpos policiales.
Hoy hace justo una semana, una patrulla de los Mossos d'Esquadra detuvo a Santiago Carlos. Llevaba un DNI y un permiso de conducir falsos. Aún así fue indentificado y arrestado. Lo llevaron ante el juez de guardia, que le imputó un delito de quebrantamiento de condena y le reenvió a la cárcel. El jueves volvió a ser Santiago Carlos, el preso, y fue internado en el departamento de ingresos de la cárcel. A la mañana siguiente fue encontrado ahorcado en la celda por los funcionarios. No pudo soportar volver a verse entre rejas.
Y aquí es cuando se abre el debate. En los últimos años se han dictado diversas sentencias en las que se ha condenado al Departament de Justícia -única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria- por los suicidios de reclusos.
En el año 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Justícia a indemnizar con 260.607 euros a la familia de un interno al que no vigilaron adecuadamente en 1994. Otro fallo más reciente ha condenado también a la Administración por la muerte de un recluso de la Modelo en 1995 a pagar 41.650 euros a la famila del fallecido. La razón, la misma. «Falta de vigilancia».
Para UGT -sindicato mayoritario- el caso de Santiago Carlos demuestra «que el desastre organizativo del centro provoca situaciones como ésta». «La falta de personal, unida a la ausencia de protocolos adecuados, genera sucesos lamentables como éste», añadieron desde el sindicato.
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