En un informe sobre contaminación acústica realizado por el defensor del pueblo catalán, se denuncia que el 17% de los municipios encuestados admiten no disponer de sonómetros homologados, pese a que es un elemento esencial para poder obtener unos datos fiables que fundamenten la actuación municipal y refuercen los procedimientos administrativos.

Además, los ayuntamientos admiten que cuentan con técnicos para medir los excesos de ruido. Pero en el estudio se indica también que la inmensa mayoría no tiene la cualificación necesaria porque la formación que reciben no supera en muchos casos las diez horas, si es que han asistido a curso formativo alguno.

Presentado ayer en el Parlament, el informe incide en la falta de homogeneización en cuestiones de medición del ruido. Recordó Ribó que la mayoría (60%) de municipios cuenta con ordenanzas para regular la contaminación acústica, pero recordó también las dificultades que existen para aplicarlas.

Entre los años 2003 y 2005, la oficina del Síndic ha recibido unas 150 quejas de ciudadanos a los que las administraciones no han dado respuesta a sus problemas con ruidos ajenos, principalmente ocasionados por actividades de ocio, como bares, discotecas o restaurantes, aparatos de aire acondicionado y actividades industriales.

Ante el problema, Ribó consideró que la administración debería tomar partido «para resolver la contaminación acústica». Y defendió la hipótesis de crear «espacios sin ruido», como «espacios sin tabaco», incluso en los municipios que se declaren «no ruidosos».