Solbes acogió con cautela la propuesta vasca (recogida por los catalanes) de cobrar una cantidad a los propietarios de pisos desocupados, porque, en términos jurídicos, plantea «bastantes problemas» y económicamente tiene un impacto «relativamente reducido».

El ministro participó ayer en la presentación del modelo económico del dirigente socialista y candidato a la Generalitat valenciana, Joan Ignasi Pla, en el Foro Nueva Economía. Allí, a preguntas de los periodistas, antes de comenzar el acto, defendió que se está produciendo una caída del incremento del precio de los pisos que alabó y tildó de «razonable».

El horizonte, añadió, es llegar a una situación más «normalizada», en la que la vivienda suba en el mismo grado que la inflación, como sucede «en la mayor parte de los países». No obstante, respecto a gravar la propiedad de pisos vacíos como propuso primero el Gobierno vasco y plantea ahora la Generalitat catalana, aseguró que es una medida que estaba ya en una ley del anterior Ejecutivo de José María Aznar, aunque admitió que «no se aplicó nunca».

En Madrid, su secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, fue más tajante a la hora de rechazar las propuestas vasca y catalana. «No tiene sentido adoptar medidas confiscatorias» a la hora de intentar movilizar el parque de viviendas desocupadas, manifestó. En palabras de Ocaña, recogidas por Europa Press, hay que «encontrar un equilibrio» entre cualquier medida encaminada a solucionar el problema de la vivienda y el respeto a la propiedad privada.

Carlos Ocaña, que asistió ayer a un desayuno informativo organizado por la asociación Aragón en el Exterior (Aragonex), dejó claro que el respeto a la propiedad privada es una de las dos principales dificultades con las que se encontrará toda iniciativa encaminada a movilizar el parque de viviendas desocupadas. En este sentido, aconsejó actuar con «mesura».

En cuanto a una segunda dificultad, que, a su juicio, sería la definición de lo que es un piso vacío, explicó que la amplia «casuística» en los usos de las viviendas hace muy difícil determinar qué es una vivienda vacía y, por tanto, la aplicación de cualquier norma.

Sin duda, tanto Solbes, desde Valencia, como Ocaña, desde Madrid, dejaron claro que el Gobierno «no está considerando tomar medidas similares» a las propuestas por vascos y catalanes, pese a considerarlas «legítimas». El equipo de Pedro Solbes «no está pensando adoptar ningún tipo de medida en este sentido».

Contra IU-ICV

El rechazo del ministro a esta iniciativa salpicó también a su socio de Gobierno, Izquierda Unida. El grupo de IU-ICV en el Congreso manifestó hace dos días que los dueños de viviendas desocupadas «con carácter permanente» deberían pagar un recargo de entre el 50% y el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles para incentivar que las alquilen. IU-ICV se atrevió incluso a considerar la posibilidad de que los ayuntamientos den bonificaciones en ese impuesto a los propietarios de viviendas vacías que decidan alquilarlas.

Con esta iniciativa, el grupo de IU-ICV se unió a la propuesta lanzada por la Generalitat de Cataluña ese mismo día. Su secretaria de Vivienda, Carme Trilla, manifestó que su departamento está interesado en analizar la propuesta del Gobierno vasco de aplicar un recargo sobre los pisos que están vacíos durante más de un año.

El País Vasco fue el primero en dar a conocer esta iniciativa. Este Gobierno estudia multar con nueve euros diarios las viviendas que se demuestren haber estado vacías por un año. Los catalanes ya lanzaron una controvertida propuesta a finales del año pasado: la Ley por el Derecho a la Vivienda, con la que quieren promover el alquiler por seis años de un piso que hubiese estado vacío durante dos años.