A poco menos de un mes de que comience el juicio por los atentados, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó ayer el estudio Las víctimas, 36 meses después. El trabajo, que toma como población de referencia a 300 miembros de la citada asociación -un 40% de ellos, familiares directos de fallecidos o heridos en los atentados-, expone las consecuencias psicológicas y sociales que, tres años después, siguen padeciendo los afectados.

Según el documento, un 57,6% de las víctimas han acudido a algún profesional para resolver dificultades de convivencia familiar. La psicóloga Syra Balanzat, que presentó el estudio, sostuvo que ese dato se explica «porque las lesiones físicas han obligado a muchos de ellos a reorientar sus vidas, y las secuelas psicológicas les llegan a impedir salir a la calle y mantener las amistades o su puesto laboral. Todo ello provoca irritabilidad y tensiones que afectan al núcleo familiar».

De hecho, la mitad de las familias dice no haber recuperado aún su vida social previa a la masacre, y un porcentaje similar (el 50,4%) sigue padeciendo depresión, miedos, problemas de autoestima y desconfianza hacia los demás. Un 4,4% de las víctimas ha debido jubilarse después de los atentados, y una de cada 10 permanece de baja laboral. Un 8% de sus familiares ha tenido que dejar sus trabajos para atenderles.

Ante el juicio, que comenzará el próximo 15 de febrero, el equipo que elaboró el estudio -formado por las trabajadoras sociales Ana Zapardiel y Silvia Merino, y las psicólogas Cristina Halffter y Syra Balanzat- alerta del riesgo de «victimización secundaria», que se produce cuando los afectados no encuentran satisfacción en su relación con el sistema jurídico-penal.

El comienzo de la vista, según el informe, puede estimular una reactualización del trauma y sentimientos de indefensión y desamparo. En este sentido, el estudio mantiene que los medios de comunicación pueden convertirse en una «fuente adicional de cronificación» por su tratamiento de la información. La Asociación iniciará la semana próxima un taller con objeto de preparar psicológicamente a las víctimas para el juicio.

Las ponentes hicieron hincapié en la situación de las 15 familias que perdieron su casa en el atentado de Leganés, en el que murió un GEO. Nueve de ellas no han podido regresar a sus domicilios y 13 se muestran insatisfechas con el trato dispensado por las administraciones públicas: fundamentalmente, sostienen, porque no se les ha reconocido como víctimas ni se les ha dado la oportunidad de pasar por un tribunal médico para que evalúe si padecen o no daños psicológicos.

Otro aspecto destacado es el del grado de información que reciben las víctimas sobre el atentado: nueve de cada 10 consideran que han recibido poca información, y un 75% asegura que esa carencia influye negativamente en su recuperación. Para Syra Balanzat, «incrementa su sentimiento de indefensión y no les facilita pasar página».

Durante la presentación también intervino la presidenta de la Asociación, Angeles Domínguez, que ha sufrido tres operaciones de oído y tiene problemas de movilidad a consecuencia de las explosiones. Domínguez manifestó que el estudio forma parte de un proyecto, financiado por la Comunidad de Madrid, para determinar las necesidades de las víctimas, aunque matizó que también han recibido ayudas del Ministerio del Interior para otros programas.