De Juana se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 7 de noviembre, cuando se enteró de que había sido condenado a 12 años y siete meses de prisión por un delito de amenazas terroristas. Es la tercera vez en que se somete a un ayuno, ya que utilizó esta forma de protesta en los años 90, lo que le produjo daños en un riñón.

Después de conocer el parte médico del Hospital 12 de Octubre, que advierte de la existencia de riesgo de muerte, la Audiencia Nacional pidió a las partes personadas en la causa -la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la defensa de De Juana- que informaran sobre si consideraban procedente la adopción de alguna medida ante el deterioro del estado de salud del preso etarra.

De Juana, obviamente, ha pedido la libertad.

La AVT rechaza la excarcelación del miembro de ETA y solicita que se le alimente de manera forzosa en caso de que su salud empeore. En el escrito que remitió a la Audiencia, el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura sostiene que la situación médica del etarra ha sido «creada directamente por él en un proceso de chantaje procesal con el objeto de conseguir su libertad sin cumplimiento de penas y sin la aplicación legal de las mismas, creándose una situación de víctima del sistema penal, de mártir de la izquierda abertzale».

La Sección Primera de la Sala de lo Penal se encuentra a la espera sólo de recibir los informes del fiscal, que deberán estar entregados antes de las 11.00 horas de hoy. El tribunal podría ordenar la libertad provisional, la prisión atenuada del etarra u otras medidas de control policial o telemático, pero en ningún caso el tercer grado penitenciario, ya que ésta es una medida que sólo puede adoptar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Además, aunque De Juana fue condenado por la Audiencia Nacional a 12 años y siete meses de cárcel por amenazas terroristas contra cinco responsables de prisiones, el etarra recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que sigue siendo un preso preventivo, que ni siquiera ha sido clasificado y, por tanto, no puede progresar de grado penitenciario.

Entretanto, la Fiscalía ha pedido al Supremo que rechace el recurso de De Juana contra su última condena, ya que estima que hay prueba de cargo suficiente para mantener esta pena.

Por otro lado, el Gobierno tendrá que decidir si da a conocer o no a los medios de comunicación el informe con el resultado de la visita que la semana pasada realizó una delegación del Comité para la prevención de la Tortura y los Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa para examinar la atención que está recibiendo el preso durante su huelga de hambre, informa Europa Press.