El fiscal general defendió que su criterio no es político, sino jurídico, y añadió que, a su juicio, su posición puede apoyarse en la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS), que no admitió a trámite una querella de Manos Limpias «que pretendía criminalizar este tipo de reuniones», dijo Conde-Pumpido, en referencia al encuentro entre Patxi López y el propio Otegi.

Durante un desayuno informativo organizado por el foro Nueva Economía en el hotel Ritz de Madrid, Conde-Pumpido también rechazó que existan indicios suficientes para ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), formación que ha evitado condenar el reciente atentado de ETA en Barajas. Citando la jurisprudencia constitucional, estimó que «no condenar un atentado no es indicio suficientemente relevante para instar su ilegalización». Sin embargo, precisó que «si en su momento se aprecia que [Batasuna] pretende utilizar esa carcasa», el Ministerio Fiscal «está abierto a tomar la decisión procedente».

Asimismo, Cándido Conde-Pumpido aplaudió la decisión de la Sala Segunda del TS de dar la «máxima celeridad al tratamiento del recurso» del etarra Iñaki de Juana Chaos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a 12 años y 7 meses de cárcel. El máximo responsable del Ministerio Público la considera «acertada debido a la circunstancia del riesgo de fallecimiento de la parte interesada», que se encuentra en huelga de hambre.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, que estuvo presente en el acto, replicó a Conde-Pumpido que «son los jueces quienes deben decidir en última instancia» si la reunión entre Ibarretxe y Otegi supone o no la comisión de un delito.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, también mostró su desacuerdo con el fiscal general. En concreto, aseguró que planteará la ilegalización del PCTV en la próxima reunión del Pacto Antiterrorista, y recordó que también puede ser instada por la Abogacía del Estado.