Para Conde-Pumpido, es irrelevante que ahora se haya conocido que Pérez Tremps firmó un contrato con la parte interesada, la Generalitat catalana, para elaborar un estudio sobre la viabilidad constitucional del texto estatutario.

Conde-Pumpido afirmó que el informe de la Fiscalía «recoge los mismos argumentos» que el auto del TC que rechazó hace un año la recusación, ya que, a su juicio, «concurren los mismos hechos, los mismos sujetos y las mismas causas».

«Como señalan todas las partes intervinientes, excepto la proponente», manifestó, «su participación es anterior a que obtuviese la condición de magistrado del TC». Las «partes intervinientes» son: la Abogacía del Estado, el Parlamento catalán y la Generalitat; la «proponente», el PP.

En enero de 2006, el Ministerio Fiscal rechazó la recusación porque el trabajo tenía un carácter meramente «académico», y no estaba probada la vinculación entre el recusado y los redactores del texto.

EL MUNDO desveló el domingo un contrato entre la Generalitat y Tremps, por el que éste cobró una minuta de 6.000 euros. El encargo no se refería a un estudio doctrinal o abstracto, sino a un análisis sobre cómo formular determinadas materias para que se ajustasen a la Constitución. Muchas de sus propuestas se recogen literalmente en la norma.