La polémica está servida, puesto que los querellantes intentaron ayer por todos los medios desvincular la denuncia de los próximos comicios y de la batalla política, y el querellado consideró que es solamente este hecho el único asidero al que se agarra el PSPV para evitar un nuevo declive electoral en la capital de La Plana Baixa.

En materia judicial, el Partido Socialista atribuye a Ferrada un presunto delito de prevaricación por la adjudicación del PAI Pedrera-Port a la mercantil Corporación Inmobiliaria Albia, y dos presuntos delitos de infracción urbanística por dos obras, las del hotel Aloha (propiedad de su familia, ubicado en la zona marítima) y las de un edificio en la calle de Santa Teresa, número 4, en el casco histórico de Burriana (cuya promotora es una empresa de Ferrada, Andranparc).

Así lo anunció ayer la secretaria general del PSPV de Burriana, Iolanda Porcar, en la sede socialista, junto a la secretaria de Organización del partido, Rosa Marco.

Porcar indicó que en una única querella han incluido diferentes conceptos que podrían considerarse constitutivos de delito y que afectan no sólo al alcalde, sino también al concejal de Urbanismo, Javier Perelló; al empresario de la Vall d'Uixó Carlos Esteve (administrador de la inmobiliaria Albia), y al concejal de Fiestas, Pedro Sancerni. A cada uno de ellos les recrimina unos hechos diferentes, por lo que engloban en un mismo documento judicial, de unas 72 páginas, todo tipo de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en la citada localidad.