El 20 de noviembre, la UE aprobó su embargo de armas, tecnología, bienes de lujo y otros servicios contra el régimen de Pyongyang por sus pruebas nucleares, pero no puede aplicarlo porque España veta la lista de autoridades nacionales que deben velar por su cumplimiento y donde Reino Unido ha incluido como entidad aparte una oficina de Gibraltar. Este detalle supondría reconocer, implícitamente, un grado de autonomía o especialidad para el Peñón al que España se opone por principio.

«No podemos quitar esta mención por motivos legales. Ya la hemos metido en otras decisiones sin problema», ha dicho a EL MUNDO la portavoz británica de la misión ante la UE, Victoria Courtney.