Los magistrados -Gómez Bermúdez, García Nicolás y Guevara Marcos- han demostrado una voluntad por esclarecer los hechos que se ha echado de menos durante toda la fase de instrucción del proceso. Esta actitud avala además el trabajo que EL MUNDO ha venido desarrollando en los últimos tres años y pone en evidencia a quienes, desde el periodismo y desde la política, han intentado siempre acallar o distorsionar nuestros planteamientos.

Unos trataron de retratarnos como una patrulla de cazafantasmas en busca de conspiraciones imaginarias. Otros incluso echaron mano del viejo argumento de que tratábamos de desestabilizar el sistema. Ni una cosa ni la otra. Nuestra intención desde el primer momento no ha sido corroborar ninguna hipótesis previa sino aportar informaciones relevantes que contribuyeran a aclarar el atentado. Casi tres años después, podemos decir que tres magistrados -tres presidentes de sección, con una larga experiencia procesal a sus espaldas- comparten con nosotros y nuestros lectores el afán por desentrañar la verdad de los hechos y dan muestras de que intentarán obtenerla por todos los medios a su alcance en el marco de la vista oral.

Varapalo a Del Olmo

Ahora bien, el auto no debería avergonzar sólo a quienes han ridiculizado nuestro empeño por investigar el 11-M sino también a quienes tenían el mandato constitucional de llegar hasta el fondo de la trama y no lo han hecho. Porque a la luz de lo que plantea el tribunal, queda en evidencia que ni el instructor ni la fiscal ni los jefes policiales han estado a la altura del envite.

La orden de repetir los análisis de los restos de los explosivos pasa por encima del criterio expresado por Del Olmo, de la malencarada actitud de Olga Sánchez y su célebre «vale ya» y de la sospechosa conducta del comisario Sánchez Manzano, que llegó a confesar al juez que los análisis de los Tedax -los únicos practicados a los restos de los trenes- no eran «científicos».

El tribunal establece que se lleve a cabo una nueva prueba pericial sobre las sustancias halladas en los distintos focos de los trenes, incluidas aquéllas que fueron explosionadas por la Policía, las de la bolsa encontrada en la comisaría de Vallecas y las halladas en la Kangoo de Alcalá de Henares. Para ello, la Policía deberá decirle a la Audiencia antes de 24 horas qué muestras tiene en su poder. Si esos restos ya no existen, deberá clarificar -dice el auto- por qué «no se recogieron o consumieron o no se realizó pericia sobre ellos». Las pruebas se efectuarán -esta vez sí- en los laboratorios de la Policía Científica y serán supervisadas por un grupo de peritos, en el que junto a policías y guardias civiles habrá profesionales propuestos por las partes. Para evitar suspicacias, los análisis se registrarán en una grabación de vídeo y audio, lo que introduce un saludable criterio de transparencia ausente durante toda la instrucción del sumario. De haberse actuado así antes, la percepción que una buena parte de la ciudadanía tiene de este proceso sería bien diferente.

ETA ya no es un tabú

Especial atención merece el hecho de que el tribunal haya aceptado incluir en la vista oral la declaración como testigos de tres miembros de ETA. Se trata de Henri Parot y de los dos terroristas detenidos en Cañaveras con 500 kilos de Titadine poco antes de la masacre. El nombre y el teléfono del primero se encontraron entre las pertenencias de Benesmail, lugarteniente de Allekema Lamari, presunto jefe militar de la célula del 11-M. En cuanto a los otros dos, conviene recordar que Trashorras dijo en estas mismas páginas que El Chino le había dicho que les conocía. Todos ellos tendrán ahora la oportunidad de explicar el alcance de esas supuestas amistades gracias al criterio de un tribunal que no sigue la consigna oficial de silenciar cualquier vínculo de ETA con los atentados.

Los magistrados llaman también a declarar a Mohamed Haddad, el marroquí al que un testigo reconoce como uno de los autores materiales del atentado y que sin embargo continúa viviendo en Tetuán sin que Del Olmo lo haya procesado por la masacre. Si acude a la vista podrá aclarar si tiene relación, como se ha dicho, con los servicios secretos de su país de origen.

Sería ingenuo creer que todas estas decisiones garantizan per se el esclarecimiento completo de los hechos. Ni siquiera certifican que sabremos qué fue lo que explotó en los trenes. El hecho de que haya sido precisamente Manzano quien ha custodiado durante casi tres años los restos incrementa nuestra cautela ante los resultados de estos nuevos análisis. Ahora bien, no cabe duda de que el auto de ayer es el mayor esfuerzo que hasta ahora ha llevado a cabo el Estado para conocer la verdad de los atentados del 11-M.

Nuestra opinión sigue y seguirá siendo la misma: la versión oficial -plasmada en las conclusiones apresuradas y tramposas de la comisión del Congreso y en los escritos del juez y la fiscal- está plagada de errores, contradicciones e incógnitas que nadie hasta ahora ha podido despejar. EL MUNDO no tiene una teoría alternativa. Sólo quiere que se agoten todas las posibilidades para aclarar la masacre. Precisamente por ello, el auto del tribunal refuerza nuestra fe en el Estado de Derecho y demuestra que al menos hay una instancia judicial empeñada en intentar averiguar -dentro del limitado margen de una vista oral con unos acusados muy concretos- qué ocurrió aquel 11 de marzo de 2004 en el que fueron asesinadas casi 200 personas con el obvio propósito de condicionar nuestro proceso democrático. Veremos si estos tres jueces han llegado o no demasiado tarde.