Aun así, el encuentro no será fácil, pues el despliegue del Estatut se alza como una barrera entre ambos políticos. El desarrollo del texto se canalizará a través de las comisiones Estado-Generalitat previstas en el propio Estatut.

Los partidos del Govern, PSC, Esquerra e ICV-EUiA, consideran que en estas comisiones sólo pueden estar presentes los gobiernos central y catalán, pues el artículo 183.3 de la reforma establece: «La comisión bilateral Generalitat-Estado está integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Generalitat».

En cambio, CiU -lo mismo que el PP- interpreta que cuando el Estatut habla de Generalitat lo hace en sentido amplio y que se refiere, por tanto, a todas las instituciones que la componen: presidente, Govern y Parlament. De acuerdo con esta tesis, los nacionalistas piden que se les incluya en la comisión, según expuso ayer su portavoz parlamentario, Felip Puig.

Para CiU, llegar a un acuerdo en esta cuestión es fundamental para empezar a hablar con Montilla de otros asuntos de más trascendencia, como sería la negociación de un gran pacto nacional en materia de inmigración, vivienda o investigación y desarrollo.

El Govern no va a ceder, pero sí está dispuesto a buscar fórmulas alternativas para evitar que Mas salga mañana de Palau con las manos vacías. El portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Joan Ferran, explicó ayer que «existe un amplio abanico de posibilidades para que CiU pueda participar en el despliegue del Estatut».Y añadió que Montilla ha pensado «una fórmula para poder avanzar todos juntos en el tema estatutario».

Una de las opciones es la de mantener las comisiones creadas por el Estatut de 1979, en las que sí tenían presencia los grupos parlamentarios y permitirles convivir con las comisiones previstas en el texto actual.

Otra posibilidad, apuntada ayer por el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, consistiría en crear una comisión paralela para desplegar el Estatut, en la que estarían presentes todos los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición.

Además, Mas acudirá al encuentro con una oferta para otro asunto polémico: la reforma de la ley electoral. El líder de CiU propondrá que se elija a un diputado por cada una de las 41 comarcas. No obstante, es poco probable que Montilla vea con buenos ojos esta iniciativa, ya que los socialistas son partidarios de una ley que dé más importancia a la zona metropolitana que al territorio.

También se abordarán asuntos como la financiación, las infraestructuras, la tercera hora de castellano en las escuelas o la seguridad.Curiosamente, no será Montilla, sino el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, quien informe de la reunión a su término.