Aunque la sentencia llegará dentro de un par de años, la corte podrá imponer multas a España por sus «restricciones injustificadas», según la Comisión, a la libre circulación de capitales en la UE.

El Gobierno ha justificado su control por motivos de seguridad para un sector que considera estratégico, pero el Ejecutivo de Bruselas replica que España se «excede» en las medidas para garantizar el suministro, y que su control de las empresas extranjeras «puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros».

La 'batalla' por Endesa ha hecho perder la paciencia a la Comisión, que, muy posiblemente, acabará denunciando a España también en un procedimiento separado por imponer condiciones a E.ON. Aunque el Gobierno suavizó las medidas iniciales y la empresa alemana ha aceptado las obligaciones requeridas, la Comisión insiste en que las condiciones son discriminatorias para la compañía europea.

El destino final de la lucha entre Bruselas y Madrid será Luxemburgo, sede del Tribunal, como esperaba el Gobierno. El Ministerio de Industria aseguró ayer que es «normal» que la «disparidad de criterios» entre España y la Comisión se resuelva en la corte. Asimismo, el ministro de Economía, Pedro Solbes, consideró positivo que el Tribunal dirima las diferencias. El PP, por su parte, acusó al Gobierno de ser «el más antieuropeo de la democracia».