La comisaria de Agricultura, Marian Fischer Boel, no se cansaba ayer de repetir que su propuesta no es radical sino «equilibrada» y que, de hecho, se ajusta este sector a los ya reformados buscando una actividad más competitiva y más orientada al mercado. La reforma, de hecho, mantiene el presupuesto sin retoques -1.488, 8 millones de euros, de los cuales España, principal beneficiario se lleva unos 486 millones-.

Pero el cambio en la filosofía del pago, como en el resto de sectores, sí es radical. Tomates, cítricos, peras, nectarinas, melocotones, higos secos, ciruelas y uvas pasas, se han beneficiado hasta ahora de un régimen de ayudas que primaba la producción. Así, había ayudas directas a la industria por la fruta que se entregaba a las empresas de transformación y también para los productores, en algunos casos, en función de la superficie. Ahora, Bruselas quiere sustituir todas estas subvenciones por un pago único que se concederá a las superficies dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas y que se calculará teniendo en cuenta la producción de un periodo de referencia, por definir. Es decir, que si se tienen en cuenta años de buena producción, esta ayuda será alta, pero si los años han sido regulares o malos, la ayuda podría ser bastante mala.

Más cambios

Además, la reforma prevé dar libertad al agricultor para que elija qué quiere cultivar y, para ello, establece que cada país determine en base a criterios «objetivos» y «no excluyentes» a quién ha de dar esas ayudas y cómo. En ese caso, se basará en la superficie de su explotación, al margen de la producción. «Es la única manera de salir adelante para que agricultores que, por ejemplo, prevean en un año una gran producción de tomates, puedan optar por otra cosa», aseguraba la comisaria, que añadía: «Se da libertad en el sector para producir lo que necesita el mercado pudiendo elegir, siguiendo las señales del mercado sin ver disminuir sus beneficios».

En total, Bruselas dedicará a este pago único 800 millones de euros, de los que España recibirá unos 166 millones. El resto del presupuesto, 700 millones, se destinará a reforzar las organizaciones de productores (OP) con un incremento anual de 50 millones de euros. Las OP son, de hecho, el segundo pilar básico de esta propuesta de reforma. La Comisión considera que ésta es la clave del éxito para el sector, por eso quiere dotarlas de una mayor flexibilidad, al tiempo que simplifica sus exigencias para que los productores se agrupen en estas organizaciones para comercializar su producción y así poder hacer frente a las continuas crisis de mercado a las que se enfrenta el sector.

En España, cuya producción de frutas y hortalizas representa el 36% de su actividad agrícola, la reforma ha sido recibida de diferente manera. Para la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, «hay cosas que se pueden mejorar», pero admite una moderada satisfacción porque se recogen algunas demandas españolas. Sin embargo, los sindicatos han llamado a las movilizaciones y rechazan la reforma.