Según Granado, la ley que regula el Fondo es «excesivamente rígida» porque está diseñada para unas cantidades pequeñas y, actualmente, a la llamada hucha de las pensiones «se le ha quedado pequeño el traje», puesto que ha ido engordando hasta superar en 2007 los 40.000 millones de euros.

Además, las previsiones para este ejercicio es que el Fondo supere los 50.000 millones al final de este año, teniendo en cuenta la suma de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En total, esta cantidad supondría aproximadamente un 5% del PIB.

Por ello, el Gobierno planteará en los próximos días a la CEOE y los sindicatos, con los que forma la Comisión de Seguimiento del Fondo, una propuesta en la que se incluirán «alternativas» distintas a la inversión en deuda pública, como puede ser la Bolsa. No obstante, Granado precisó que la intención del Ejecutivo es seguir invirtiendo mayoritariamente el Fondo en deuda pública y que las otras decisiones serían algo «complementario».

«Al Gobierno y los agentes sociales les interesa mantener la seguridad de las inversiones y obtener la máxima rentabilidad», añadió Granado. Esta decisión está motivada en parte porque la inversión de una cantidad tan elevada en la deuda pública podría generar un colapso en el propio mercado, obstaculizando así su propio funcionamiento.

El superávit de las cuentas del estado en los últimos ejercicios y la reducción paulatina de la deuda pública han provocado que el número de títulos emitidos sea cada vez menor. Otras posibilidades barajadas son invertir en deuda pública extranjera o de las Comunidades Autónomas.