El pelotazo que Josep Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, y sus socios lograron con la venta de su consultora Europraxis al grupo Indra resultó menos rentable de lo que pretendían. Hacienda se presentó para reclamar su parte, 18 millones de euros, aunque finalmente se conformó sólo con cinco, según confirmaron fuentes próximas tanto a la Agencia Tributaria como al propio Josep Pujol.
Josep Pujol, junto a otros dos socios, fundaron la compañía y construyeron una envidiable cartera de clientes. Indra pagó 60 millones de euros por la consultora, cuyo principal activo era precisamente su equipo humano, por lo que la multinacional exigía que permaneciera en plantilla.
La operación y los 60 millones de euros que cambiaron de manos despertaron el interés de la Inspección de Hacienda, que inicialmente abrió un acta de 18 millones de euros.
Miembros del entorno próximo del hijo del histórico ex presidente de la Generalitat de Cataluña aseguran que su apellido ha sido precisamente la causa de sus problemas porque, afirman, «está obligado a hacer todas las operaciones en blanco y sin la participación de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales».
Indra inició su aproximación a Europraxis durante el año 2000, a la manera de las grandes multinacionales. Primero, toman una pequeña participación accionarial que les dé derecho a acceder a toda la documentación informativa de la sociedad objeto de su interés. Si siguen interesados, adquieren a los accionistas opciones de compra con un precio prefijado. Y, finalmente, las ejecutan.
Las opciones de compra de Josep Pujol y de sus socios fueron ejecutadas por Indra a principios de noviembre de 2003, justo cuando el presidente catalán Pujol estaba en funciones y estaba ya previsto que cediera la Casa dels Canonges -residencia oficial de los presidentes de la Generalitat- a Pasqual Maragall, tras las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de aquel año, en las que el PSC obtuvo más votos pero menos escaños que CiU.
Curiosamente, la primera edición del tripartito utilizó la relación entre Indra y Europraxis y de ambas compañías con las diferentes administraciones públicas presentes y competentes en Cataluña para desgastar a CiU, principal grupo de la oposición y, en realidad, el mayor grupo en el Parlamento catalán, con 46 escaños sobre los 42 del PSC del presidente, Pasqual Maragall.
«El problema», asegura un conocido fiscalista barcelonés, «es que en todo momento estuvieron mal asesorados: las opciones de compra no tienen fecha, es decir, no se pueden distribuir en varios ejercicios».
Tanto Pujol Ferrusola como sus socios pagaron en la declaración de impuestos de 2004 -en la que tenían que hacer constar la venta de Europraxis a Indra- el 18% de las plusvalías porque habían transcurrido tres años desde que las vendieron. Pero la única fecha importante en las opciones de compra es el momento en el que se ejecutan, y eso fue en diciembre de 2003. El hijo del ex president y sus socios tenían que haber tributado las plusvalías de las opciones de compra al tipo marginal máximo, en aquel momento el 48%.
Inicialmente, los inspectores de Hacienda que se ocuparon del caso pretendían aplicar una fórmula matemática muy sencilla y muy ventajosa para el Fisco: como la diferencia entre lo que debían haber tributado y lo que finalmente tributaron eran 30 puntos, a la Agencia Tributaria le correspondía una tercera parte del importe de la compraventa: 18 millones de euros. Y es que la operación era sencillísima y trasparente: Pujol y sus socios recibieron directamente en sus bolsillos 60 millones de euros.
Largas negociaciones
Las negociaciones entre Pujol Ferrusola, sus socios, sus asesores fiscales y los inspectores de Hacienda han sido largas, aunque desde la Administración señalan que «en ningún momento se planteó abrir un procedimiento de sanción o de fraude fiscal; lo que ocurre es que Hacienda siempre intenta llevarse algo a casa».
Hace unos meses, la negociación dio un vuelco porque Hacienda aceptó que la principal anomalía cometida por los fundadores de Europraxis se reducía a las opciones de compra y no a toda la operación de compraventa. Porque Indra, que compareció ante la Inspección de Hacienda, se pronunció a favor de los vendedores que siguen trabajando para el consorcio, cuya facturación el año pasado fue de 40 millones de euros.
Indra y Europraxis llegaron a convencer a los inspectores de que las opciones de compra apenas representaban la tercera parte de la operación de compraventa y llegaron a un acuerdo. Pujol Ferrusola y sus socios firmaron unas actas en conformidad por algo más de cinco millones de euros.
