M. M.
MADRID.-
La Fiscalía mostró ayer sus cartas: es partidaria de que José Ignacio de Juana Chaos quede en prisión domiciliaria bajo vigilancia policial y supervisión médica. Ésa fue la propuesta presentada ayer ante la Sección Primera por el fiscal Fernando Burgos, después de consultarla con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El fiscal resuelve con esa propuesta lo que describe como un conflicto entre dos intereses: «Preservar la vida del preso, responsabilidad del Estado, y el principio de seguridad» al que responde la prisión provisional.
El escrito se basa en el informe médico remitido el lunes por el Hospital 12 de Octubre de Madrid y del que, según el fiscal, se deduce que someter a De Juana a un tercer ciclo de alimentación forzosa implicaría un alto riesgo de muerte. De Juana ya ha sido alimentado por sonda en dos ocasiones, con la autorización de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.
Fernando Burgos solicita, en concreto, «que la prisión provisional se modifique y se verifique de manera atenuada en el domicilio del procesado con la vigilancia exterior que se considere precisa». También pide «que se autorice la asistencia médica necesaria para el tratamiento del cuadro clínico que padece, tanto dentro como fuera de su domicilio».
«Medidas menos gravosas»
Según el Ministerio Público, «la continuación de la medida de prisión provisional y el consiguiente internamiento en un centro penitenciario entraña, a tenor de los informes médicos, un grave peligro para la salud del interno». Esta circunstancia, según el fiscal, está «expresamente contemplada» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite adoptar «medidas menos gravosas» que a su vez permitan que De Juana esté a disposición de la Justicia si el Tribunal Supremo confirma la sentencia de 12 años y siete meses de cárcel.
«Si estas medidas son suficientes para excluir el riesgo de fuga, nada impide legalmente su adopción cuando, además, las concretas circunstancias concurrentes en el caso abonan su aplicación por el grave riesgo para la salud que se ha generado». También subraya que De Juana «no está en fase de cumplimiento [de la condena] por no ser firme la sentencia, y la única razón que justificaría legal y constitucionalmente su permanencia en un centro penitenciario sería la existencia de un elevado riesgo de fuga y sustracción al proceso penal, riesgo que quedaría neutralizado por la medida de prisión atenuada».
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