El texto abogará por la «independencia judicial» y censurará la «deriva» de las decisiones de los tribunales, después de que el CGPJ instara a los representantes políticos e institucionales a poner fin a las «descalificaciones» dirigidas contra la Sala que juzga al lehendakari.

El documento que hará público el sábado el consejero Joseba Azkarraga fue acordado en el último Consejo de Gobierno, una reunión en la que Ibarretxe dio el visto bueno a que la declaración fuera suscrita por el Ejecutivo y no sólo por el Departamento de Justicia, como se barajó en algún momento. El director de Derechos Humanos, Jon Landa, ha sido el encargado de la elaboración de esta declaración de principios, que viene a cuestionar las decisiones del Poder Judicial.

El momento elegido para la declaración pública tiene un marcado carácter simbólico en los prolegómenos de la semana en la que Ibarretxe comparecerá ante el juez instructor Roberto Saiz para responder por la reunión que mantuvo el 19 de abril con los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena.

Manifestación

El paso del lehendakari por el Palacio de Justicia se verá precedido, no obstante, por la manifestación promovida por el PNV para el día 29, que también convocarán hoy mismo EA, EB y Aralar, con el lema acordado por la asamblea jeltzale, En defensa de nuestras instituciones. La marcha será presentada en una rueda de prensa por la secretaria del EBB del PNV, Josune Ariztondo; el secretario general de EA, Unai Ziarreta; el parlamentario de EB Oskar Matute y el coordinador de Aralar de Vizcaya, Fernando Hevia.

Por otra parte, según anunció ayer el PNV la formación nacionalista ofrece la posibilidad de adherirse en su página web al documento en el que se exige «el archivo inmediato de la injustificable causa penal» abierta en el Tribunal Superior, informa Efe.

El PNV aseguró en una nota que la adhesión a este documento, aprobado por la Asamblea Nacional, supone «denunciar la politización de la Justicia» y sirve para «mostrar el rechazo de la ciudadanía a este ataque al conjunto de la sociedad vasca». En la nota, se recuerda, asimismo, que con esta iniciativa «se reclama el ejercicio de la política en paz y libertad, sin la amenaza de su judicialización» o de la «criminalización del diálogo».