Agustí Cerdá (ERC). Afirmó que la situación generada «es fruto de un exceso que se cometió en su día [con el etarra preso] en nombre del Estado de Derecho. Ante la presión de diversos grupos, se impuso la mano dura».

Duran Lleida (CiU). Recordó que, aunque el derecho a la vida deba ser una prioridad, es posible «conciliarlo» con el cumplimiento de la pena en prisión, «porque a esos efectos hay hospitales penitenciarios».

Txema Urkijo (Oficina de Víctimas del País Vasco). «No es una decisión excepcional la que se puede tomar, porque la Justicia también tiene que proteger a los asesinos más sanguinarios de su propia locura», dijo.

Sindicatos policiales. El SUP calificó de «sarcasmo que se hable de razones humanitarias» y la CEP exigió que no se caiga «en la trampa de ceder a su chantaje», ya que «sólo De Juana es responsable de su situación».