El número dos, Angel Acebes, que también abundó en el «principio de igualdad» para oponerse a la excarcelación, se encargó de subrayar otro argumento jurídico al destacar, sobre cualquier otro, el «riesgo de fuga» del etarra. Aseguró que ETA puede ayudarle a escaparse -tal vez a Francia, según señaló- por más que en su domicilio cuente con vigilancia.

Además, en un desayuno informativo de Servimedia, el secretario general sostuvo que conceder a De Juana la prisión atenuada supone «someterse al chantaje» de «uno de los terroristas más sanguinarios y más duros de ETA».

Acebes, al igual que Rajoy, no hizo exhortos directos a los jueces, pero sí culpó de dicho «sometimiento» a la Fiscalía. Incluso llegó a acusarla de «no defender los intereses del Estado de Derecho, sino los del Partido Socialista».

También el PSOE se llevó su parte por la «incomprensible y profunda equivocación» de defender la razón humanitaria como respuesta a uno de los instrumentos de presión terrorista. Tanto Acebes como Javier Arenas criticaron a Manuel Chaves por manifestarse en esta línea y olvidar los sarcasmos de De Juana sobre el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril.

En la misma línea acusatoria, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, llegó a interpretar la posición de la Fiscalía como una «concesión» del Gobierno para poder seguir «negociando con ETA».

La alarma social fue ayer otro de los argumentos jurídicos barajados por los populares para alertar sobre la decisión. Para Ignacio Astarloa, secretario ejecutivo de Justicia del PP, la excarcelación sería «sumamente escandalosa» porque significaría que «por una huelga de hambre se libra de la prisión». «¡Estamos buenos como cunda el ejemplo!», insistió a este diario. En los mismos términos se manifestó la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, quien se adelantó a denunciar un «escándalo democrático».