Todos pasaron de la celda al hospital porque continuaron negándose a ingerir alimentos y bebidas pese al deterioro de sus cuerpos. Siguieron presos entre médicos hasta el final, por lo que, técnicamente, murieron cumpliendo condena.

El primero se llamaba Juan José Crespo Galende. Murió en el Hospital La Paz, de Madrid, a las 15.00 horas del 19 de junio de 1981. Llevaba 96 días sin comer ni beber y algunas semanas recibiendo alimentación enteral en el centro sanitario cuando una bronconeumonía le provocó una «insuficiencia respiratoria y una coagulación intravascular diseminada», según los médicos que certificaron su fallecimiento.

Había iniciado una lucha que era también contra sí mismo tres meses antes, en protesta por las condiciones de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). En aquella prisión de máxima seguridad había más integrantes de los Grapo, alguno de los cuales, como Pablo Fernández Villabeitia, secundó la huelga de hambre, aunque sin consecuencias fatales.

Las reivindicaciones de Crespo Galende, sobre el que pesaba una condena de 37 años y algunos juicios pendientes por asesinato y robos en el País Vasco, tenían que ver con el reagrupamiento de los presos de los Grapo en régimen de vida normal.

Nueve años después, el 25 de mayo de 1990, José Manuel Sevillano dejó de respirar en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Fue el último de sus 175 días en huelga de hambre como respuesta al trato recibido por una compañera de los Grapo en una prisión de Sevilla y a la dispersión de los presos de la banda.

Su ayuno fue el que peor terminó. Otros 67 integrantes de la organización terrorista habían iniciado, junto a él, una huelga de hambre en diciembre de 1989, un ayuno de combate que los más convencidos prolongaron durante 18 meses. Todos sobrevivieron, aunque algunos llegaron a situaciones de gravedad extrema y otros sufrieron secuelas para el resto de su vida.

En realidad, aquella huelga de hambre tuvo otro cadáver, pero involuntario. El 27 de marzo de 1990, un comando de los Grapo asesinó al doctor Ramón Muñoz Fernández, uno de los médicos que había alimentado a los huelguistas que se negaban a comer.

Tras el asesinato de Muñoz y la muerte de Sevillano, una treintena de terroristas de los Grapo mantuvo la huelga de hambre. Instituciones Penitenciarias aseguró en su día que varios de estos reclusos fueron alimentados por vía oral con zumos, frutas y azúcares, y que otros cinco recibieron nutrición por sonda.

El tercer caso de muerte con hambre es mucho más reciente. Ocurrió a las 4.30 horas del 7 de junio de 2002 en el Hospital Penitenciario de Terrassa. Se llamaba Albert Panadés Soler, tenía 45 años y llevaba ocho en la prisión de Can Brians.

No pertenecía a ningún grupo armado. Era un preso común que decidió dejar de comer y beber después de que la prisión le negara tres veces el tercer grado penitenciario. La razón estaba en las malas relaciones que Panadés mantenía con parte del personal de Brians.

Su adicción a las drogas le había causado algunas enfermedades asociadas, un mapa de salud poco propicio para forzar su cuerpo. La huelga de hambre agravó rápidamente su estado al punto de que en abril fue trasladado a la enfermería de la prisión y de ahí llevado con urgencia al Hospital Clínico y al Penitenciario de Terrassa, de donde no saldría con vida.