La presidenta de IC-V en el Ayuntamiento de Barcelona organizó una rueda de prensa para defenderse, convocatoria en la que habló de «instrumentalización política», de «tempestad con bombas de agua» y de «sorpresa».

Pero de nuevo han sido sus palabras las que han provocado una lluvia de críticas. Unió Democràtica de Cataluña (UDC) criticó ayer «el uso victimista de su propia vida sentimental», y Alberto Fernández Díaz, el presidente del PP en Barcelona, afirmó ayer que si el alcalde decide no hacer caso a su reclamación de cesar a Mayol, «no tendrá autoridad para reclamar el cumplimiento de las normas».

Ni siquiera en el mismo equipo de Gobierno hay acuerdo. Mientras la Generalitat debe desalojar casas okupas por orden judicial, en el Ayuntamiento del mismo color político discuten sobre la bondad o no de este movimiento. Ayer mismo, el concejal de Movilidad del Consistorio, el socialista Ferrán Julián, recordó que la ocupación de espacios vacíos «es ilegal», mientras que el segundo teniente de alcalde de la ciudad, Jordi Portabella, se decanta por que los okupas paguen una cuota simbólica de alquiler.