Los 3.000 agentes que participaron en la manifestación -organizada en la Plaza Mayor de Madrid por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)- lo hicieron sin pistola pero acudieron uniformados y conscientes de que, según el Régimen Disciplinario en vigor, tienen restringido el derecho de reunión por la naturaleza militar del Cuerpo.

La asistencia al acto con el uniforme reglamentario podría suponer que los agentes hayan caído en falta grave o muy grave. A este punto hay que añadir otros posibles agravantes como el hecho de que profirieran gritos en contra del presidente Zapatero y de la labor del Ejecutivo, que podrían empeorar la situación de los investigados. Los agentes podrían ser acusados de haber incurrido en falta grave o muy grave y podrían recibir diferentes sanciones incluida la suspensión de empleo y sueldo de un mes a un año.

Miles de guardias civiles y sus familias llenaron el centro de Madrid bajo el lema Derechos ya para exigir al Ejecutivo de Zapatero que cumpla sus compromisos electorales. Solicitaron la modernización y desmilitarización del Cuerpo, la regulación de las asociaciones profesionales en el seno de la Guardia Civil y un nuevo Régimen Disciplinario, así como la «dignificación» de sus condiciones laborales, en la que constituyó la primera manifestación de su historia en la que los guardias civiles se atreven a reivindicar sus derechos, vestidos de uniforme.

Precisiones de Alonso

Las fuentes consultadas explicaron que si el informe jurídico concluye con la recomendación de sanciones, éstas serán aplicadas a los agentes identificados en la convocatoria. Un portavoz de la AUGC consultado por Efe no quiso valorar ayer la iniciativa y consideró conveniente esperar a conocer el contenido del informe encargado por el Director de la Policía y de la Guardia Civil.

La manifestación provocó malos entendidos entre varios miembros del Gobierno, que han tenido que ser aclarados. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, mantuvo ayer sendas conversaciones telefónicas con Mesquida y con el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Alonso, en su visita al Centro Geográfico del Ejército, al ser preguntado por posibles sanciones señaló que no tenía constancia de que se hubiese producido ninguna ilegalidad y recalcó que el órgano competente para determinarlo era la dirección General de Policía y Guardia Civil.

El ministro asumió ayer que sus declaraciones pudieran inducir a la confusión y precisó que su intención era aclarar que no tenía conocimiento oficial de los hechos, que no tenía intención de «prejuzgarlos» y que no era de su competencia hacerlo.