Posiblemente, ésta sea la reforma estatutaria mas consensuada y pactada entre ambas formaciones políticas de todas las que se han iniciado hasta ahora, aunque no por ello deja de ser una de las más problemáticas.

Ayer finalizó el trámite de enmiendas, que no fue más que eso, un mero trámite. Ambas formaciones pactaron todas y cada una de las modificaciones al texto inicial. La mayoría, de carácter gramatical.

Sin embargo, PSOE y PP acordaron mantener las disposiciones más polémicas y que, a buen seguro, serán recortadas en el Congreso de los Diputados.

Así, por acuerdo de ambos grupos se mantiene en el texto 2015 como el último año en el que estará en vigor el trasvase Tajo-Segura.

También, se incluye un sistema de financiación propio, con criterios más que subjetivos, de cara a la aportación del Estado en materia de infraestructuras.

Serios problemas

Sin embargo, tanto PSOE como PP tienen serios problemas frente a sus direcciones nacionales para sacar adelante la reforma.

El PSOE de Castilla-La Mancha sabe ya que el vicepresidente primero del Gobierno, Pedro Solbes, no aceptará las condiciones económicas que se fijan en el texto, vinculando la inversión del Estado a unos criterios muy singulares.

Solbes, en buena parte, ya acabó con el sudoku económico en el Estatuto balear, aunque en este caso también a PP y PSOE les interese dar otra versión.

Pero, en este caso, y con las condiciones fijadas en la reforma, es altamente improbable que el ministro de Economía pase por criterios como la extensión del territorio, por poner un ejemplo.

El PP, por su parte, tiene el problema del agua. La candidata de este partido por Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha tenido que utilizar toda su influencia con Mariano Rajoy para poder aprobar esta reforma estatutaria contra la que arremeten, sin piedad, sus compañeros del PP de la Comunidad Valenciana.

No obstante, tras la aprobación de las enmiendas, los dirigentes regionales de PSOE y PP se quedaron con los aspectos positivos del acuerdo.

Así, el portavoz del Grupo Socialista, José Molina, destacó que se trata de un pacto definitivo que permitirá que el Pleno del próximo 29 de enero se desarrolle con acuerdo.

Para Molina, es el texto del «consenso, acuerdo y el respaldo social», y permitirá que Castilla-La Mancha ponga «un antes y un después» al apostar por incrementar su autogobierno y niveles competenciales.

Por su parte, desde el PP, la portavoz del Grupo Parlamentario, Ana Guarinos, y el integrante de la Comisión para la reforma del Estatuto, Leandro Esteban, confirmaron en rueda de prensa que se ha actuado en nombre de todos los ciudadanos de la región, y aseguraron estar orgullosos por el resultado final puesto que, a su juicio, se demuestra que, cuando «se quiere, se puede llegar a acuerdos».

Sea como sea, esta reforma estatutaria no entrará en la Cortes Generales hasta después del 27 de mayo -después de las elecciones autonómicas-, y tiene muy pocas posibilidades de que se apruebe en esta legislatura.

De hecho, tiene todavía por delante dos reformas estatutarias en trámite parlamentario -la de Aragón y la de Baleares- y, además, a principios del mes de febrero entrará en el Congreso la de Canarias, que posiblemente será la última que se apruebe antes de la disolución de las Cortes que, como mucho, será a final de año.

DISPOSICION PRIMERA. La inversión anual en infraestructuras del Estado en Castilla-La Mancha, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será, al menos, equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del PIB de Castilla-La Mancha con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión territorial de la Comunidad sobre la extensión territorial del Estado.

DISPOSICION SEGUNDA. Con objeto de acelerar el proceso de convergencia de Castilla-La Mancha y en tanto el PIB por habitante de nuestra Región se equipare a la media por habitante española, el Estado realizará inversiones complementarias en Castilla-La Mancha por un importe equivalente al 1% del PIB regional.

DISPOSICION TRANSITORIA. 1) Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que, en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005 por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, hasta su definitiva extinción, que, en todo caso, se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de las aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas. Se deberá garantizar que el río Tajo y los espacios ambientales asociados a la explotación del mismo disponen de agua en calidad y cantidad suficiente para alcanzar los objetivos mencionados. 2) En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley del PHN que establece la sustitución progresiva de los caudales procedentes del Trasvase Tajo-Segura, los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que éste sea el fin al que se aplique cualquier recurso generado en la cuenca receptora tanto por las nuevas infraestructuras de generación agua como por las que supongan un ahorro en la utilización de agua, así como para que se produzca, con carácter inmediato a la publicación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la ordenación y reestructuración de los usos del agua, especialmente el regadío, de acuerdo a la oferta de agua disponible en la cuenca del Segura.