Según apuntan los afectados, varios correos electrónicos intercambiados entre las asociaciones y colectivos vecinales han sido intervenidos y dados a conocer a la opinión pública, lo que supone «un auténtico atentado» contra la intimidad de las personas y los derechos humanos, informa Europa Press. Ante estos hechos, los vecinos antiparquímetros se reservan el derecho a presentar una denuncia.

Para los contrarios al SER, este episodio supone «un nuevo capítulo de la política represiva» del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y su equipo de Gobierno, que comenzó «con el fuerte despliegue policial contra los vecinos, continuó con la contratación de detectives privados, que se está incrementando en las últimas semanas, y prosigue ahora con el espionaje y violación de correspondencia».