La Comisión, muy preocupada por la falta de liberalización del mercado energético, persigue ahora las tarifas en España, donde la facturación de las eléctricas por debajo del gasto efectivo generó en 2005 un déficit de más de 3.800 millones de euros.

La indagación comunitaria se concentra sólo en los precios que pagan las grandes y medianas empresas y no afecta ni a los pequeños negocios ni a las viviendas. Según Bruselas, las tarifas de las que disfrutaron los clientes industriales con un consumo energético elevado podrían considerarse una subvención encubierta. En 2005, además, las eléctricas también recibieron «una compensación excesiva» del Estado y «un beneficio anómalo».

Solbes lamenta que los precios se alejen tanto de la realidad, pero, para evitar un alza brusca e impopular, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sólo acepta modificaciones leves de la factura, que este año ha subido más de un 4% para compensar (el incremento debería ser casi del 20% para que la electricidad se acercara a su precio real). Pero el déficit energético vuelve por la vía de los impuestos y por un recargo que aparecerá, sólo por el agujero de 2005, durante 14 años en el recibo de la luz.

Si la Comisión Europea, dentro de los seis meses que calcula que durará su análisis, confirma que las tarifas reguladas son ayudas públicas ilegales, «las empresas eléctricas tendrán que devolver la subvención que reciben del Gobierno», tal y como explicó el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. Aunque el denunciante, cuya identidad es confidencial, que originó la investigación sobre el déficit energético ha presentado información sólo sobre 2005, el expediente podría extenderse a otros ejercicios.

Más expedientes

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dijo ayer, en un comunicado, que «aunque algunos sectores de la industria europea están pasando por momentos difíciles debido a los elevados precios de la energía, se deben evitar los falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado energético liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas».

Además, según Kroes, los precios que mantienen los operadores históricos como Endesa o Iberdrola están desanimando a otras compañías a entrar en el mercado español. De hecho, la Comisión ya tiene abierto un expediente contra las tarifas reguladas en España por la violación de la directiva de liberalización eléctrica, cuyo objetivo, aún sin cumplir, era la formación de grandes empresas europeas.

Mientras, el Ministerio de Industria español ha elaborado un borrador, que ha sido recientemente aprobado por la Comisión Nacional de la Energía, para regular la contratación bilateral de los distribuidores de electricidad a través de un mecanismo de subasta. El departamento que dirige Joan Clos prevé que la primera subasta se celebrará antes del 15 de diciembre de este año.

Este mecanismo será trimestral en su fase incial para ser compatible con la revisión de las tarifas eléctricas, y el precio que marquen será el que se tendrá en cuenta para determinar el déficit.

MADRID.- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio afirmó ayer que el reconocimiento del déficit de tarifa de 2005 no incumple la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, ya que las cantidades reconocidas fueron previamente abonadas por las empresas eléctricas.

El Ministerio que dirige Joan Clos considera que el déficit tarifario no beneficia a las empresas eléctricas porque han sido ellas las que han sufragado dicho déficit con anterioridad a que se les haya reconocido. «En este sentido, y dado que la determinación de las cantidades reconocidas por el déficit de 2005 se hace en función de las cantidades pagadas, Industria mantiene que el sistema es objetivo y no discriminatorio», indica en un comunicado. Industria responde así a la investigación formal abierta por la Comisión Europea y recuerda que los distribuidores no se han beneficiado de ese sistema por tratarse de una actividad regulada, según informa Europa Press.