La decisión de la víspera de llevar el caso De Juana a Pleno ha conducido a que el etarra no disfrute de una prisión atenuada en su domicilio, como solicitaba la Fiscalía y como hoy mismo tenían previsto acordar los tres magistrados de la Sección Primera en los que inicialmente recayó el asunto.

Según el auto redactado ayer por el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, no se cumple el requisito esgrimido por el fiscal para dictar una prisión atenuada: que el internamiento entrañe «grave peligro» para la salud del reo. «Lo que entraña grave peligro para la salud de De Juana Chaos no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes, lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud».

Añade el escrito que la prisión atenuada está prevista para otro tipo de supuestos, «como una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, tumor terminal) o una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)». «Ninguno de tales supuestos es el del caso en que es el preso quien, precisamente, por su propia voluntad se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», añade.

Los jueces también reiteran al Hospital 12 de Octubre que proceda de nuevo a alimentar por la fuerza a De Juana tantas veces como lo considere necesario. Respecto al peligro que incluso el tratamiento médico tiene para su vida -según explicaron los médicos en su último informe-, el Pleno resalta que «peor es, desde luego, la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente».

El Pleno también ordena al Hospital que mantenga informado a De Juana en todo momento de la evolución de su estado de salud y del peligro que la huelga de hambre supone para su vida.

Tres de los cuatro jueces de la minoría fueron, precisamente, los miembros de la Sección Primera -Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González- quienes, junto a la magistrada Clara Bayarri, emitieron un voto particular apoyando la prisión atenuada solicitada por el fiscal. Por contra, la Sala se inclinó por la postura mantenida por el letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura.

Pese a que lo habitual es intervenir en orden inverso a la antigüedad de cada magistrado, ayer los primeros en hacerlo fueron los miembros de la Sección Primera, que se repartieron la exposición de los argumentos por los que respaldaban la prisión atenuada. Les siguieron varias intervenciones de jueces contrarios a esa postura, hasta que el presidente de la Sala, Fernando Bermúdez de la Fuente, estableció un turno de palabra en el orden acostumbrado.

Doce de los 16 magistrados presentes -uno se ausentó por enfermedad- apoyaron entonces mantener la prisión provisional. Las intervenciones fueron, en general, breves, aunque algunos jueces se extendieron más al defender la prisión de De Juana. Entre ellos, Fernando Grande-Marlaska, que como instructor encarceló a De Juana por las amenazas vertidas en Gara.

También expuso sus argumentos con especial vehemencia Ricardo Rodríguez, quien junto a Fermín Echarri y Flor Sánchez formó parte del tribunal que condenó al etarra.

Antes de que el presidente de la Sala diera por concluido el bloque de intervenciones, el último capítulo del caso De Juana lo cerró quien lo había iniciado: Alfonso Guevara. El presidente de la Sección Tercera, que el miércoles reunió las firmas suficientes para llevar el asunto a Pleno, concluyó con una breve intervención en la sumó su voto al de la mayoría: que De Juana siga en prisión.

Para entonces, la Sección Primera ya había perdido otra votación. Antes de entrar en el fondo, los jueces tuvieron que resolver si -como al final se acordó- se trataba de un Pleno jurisdiccional. Es decir, si se podía constituir como tribunal y resolver el caso. Miembros de la Sección defendieron que sus compañeros no les podían retirar un asunto del que ya se habían hecho cargo y sobre el que habían llegado a deliberar.