Batasuna difundió un comunicado en el que arremete contra los magistrados, indica que su acuerdo «apesta», que se inscribe «en la estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas judiciales de la Audiencia Nacional» y que es «un gesto de venganza cruel».

Askatasuna, el colectivo abertzale de apoyo a presos de ETA, coincidió con esa crítica. «La decisión tomada por el Gobierno de Zapatero y por los jueces de este tribunal sacia su estrategia de odio y venganza. Esa política es generadora de problemas de todo tipo para todos, y esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero», indicó.

Reclamó el cierre de la Audiencia Nacional -el tribunal que juzga los delitos de terrorismo cometidos en cualquier parte de España- porque lo considera «una jaula llena de fascistas y uno de los indicadores del carácter antidemocrático del Gobierno español».

PNV.

Iñaki Anasagasti reaccionó con dureza. En un artículo que difundió por internet aclara que no está de acuerdo con el etarra, pero añade: «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país. Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación».

Gobierno vasco.

«Es una actuación más de la carrera de despropósito judicial a la que estamos asistiendo en las últimas semanas», indicaron fuentes del Ejecutivo autónomo, según Europa Press.

«Al margen de la consideración ética y moral que cada uno pueda tener de los hechos que cometió De Juana, por los que ya ha sido juzgado y condenado», añadieron esas fuentes, es «una desproporción» imponerle 12 años y seis meses de prisión por amenazas cometidas en dos artículos de opinión.

Otros partidos de izquierda del Congreso se mostraron en desacuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional, pero dejaron bien claro que la respetan y acatan:

IU.

Gaspar Llamazares lamentó que el tribunal no haya optado por combinar «justicia, sensibilidad social y humanitarismo». «No es un caso especial, y podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente», dijo, según informa Agustín Yanel. Llamazares recordó que De Juana ya ha cumplido su condena por los asesinatos cometidos y que está en prisión preventiva por amenazas en dos artículos.

ERC.

Su portavoz en el Congreso, Agustí Cerdà, coincidió con Llamazares en que, al tratarse de una condena por dos artículos y estar recurrida, el tribunal podía haber hecho un «gesto humanitario». «No tenía sentido imponer una pena tan dura por dos escritos en prensa, porque con excepciones como ésta se está legitimando de facto la cadena perpetua», añadió.

BNG.

Francisco Rodríguez, portavoz de los nacionalistas gallegos, cree que se debiera haber atenuado la pena, aplicándole lo que permite la ley. «Al margen de quién sea el encausado, que puede provocar todo tipo de repudio, no se puede actuar con la ley del Talión ni forzando las leyes tanto, porque eso desautoriza más que legitima al Estado de Derecho», añadió.

PSE.

Mikel Buen, secretario general de los socialistas de Guipúzcoa, dijo que «por encima de todo, hay que respetar las vidas de las personas, aunque sean criminales». Buen insistió en que «un Estado democrático tiene que hacer justicia, no tiene que ser vengativo».

EA.

Ziarreta, su secretario general, indicó: «La Audiencia ha obviado los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con el PP».

Aralar.

En la formación que lidera Patxi Zabaleta, indicaron que es «una crueldad» y denunciaron «presiones» del PP sobre la Justicia.

Askatasuna. «Esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero».

Iñaki Anasagasti (PNV). «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país».

Mikel Buen (PSE-EE). «Un Estado democrático tiene que hacer justicia, no ser vengativo».

Gaspar Llamazares (IU). «Podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente».