No obstante, la Sala ha enviado el escrito de Foro Ermua al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, para poner en su conocimiento la denuncia de la asociación «a los efectos legalmente procedentes».

El Foro Ermua presentó el pasado lunes un escrito en el que, admitiendo que la Ley de Partidos sólo legitima al fiscal y a la Abogacía del Estado para actuar en los procesos de ilegalización, solicitaba a la Sala del 61 que actuara de oficio en orden a «tomar las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento» del fallo de ilegalización de Batasuna.

La asociación pedía al Supremo que emitiera un auto en el que «reiterara y aclarara» que «todas las reuniones, manifestaciones, declaraciones o actuaciones» realizadas con carácter orgánico o en nombre de HB-EH-Batasuna o en nombre de la llamada izquierda abertzale «o de cualquier otro sustituto» son ilegales, con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.

En segundo lugar, solicitaba que el auto indicara que «son igualmente ilegales» esas actuaciones «aunque sean realizadas por personas físicas que no hayan actuado hasta ahora» como representantes de los partidos ilegalizados.

Finalmente, se pedía al Tribunal que diera las órdenes oportunas a las Fuerzas de Seguridad -incluida la Ertzaintza-, a las delegaciones del Gobierno en Navarra y el País Vasco y al Gobierno vasco para el «cumplimiento íntegro» del auto.

El escrito del Foro Ermua no estaba inicialmente incluido en el orden del día de la reunión de ayer de la Sala del 61, que fue convocada para discutir otros aspectos de la ejecución del fallo de ilegalización. Pero, aprovechando esta reunión, los magistrados debatieron las peticiones planteadas dado que la respuesta estaba en buena medida determinada por un auto dictado el 16 de enero de 2006.

En esa fecha, la Sala inadmitió un escrito del sindicato de funcionarios Manos Limpias en el que solicitaba que se adoptaran medidas para impedir el Congreso Nacional de Batasuna, anunciado para el 21 de enero de 2006 en Bilbao.

El Tribunal argumentó que el sindicato no estaba legitimado para intervenir en un proceso de ilegalización. Añadió, no obstante, que la decisión de inadmisión «no prejuzga en modo alguno» los hechos denunciados, «pues su existencia o inexistencia y las consecuencias jurídicas que, en su caso, pudieran derivarse de ellos, no son objeto de este proceso».

La Sala estimó que del escrito se desprendía «la existencia de una notitia criminis [noticia criminal] por lo que, dado que el órgano que tiene constitucionalmente atribuida la defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el Ministerio Fiscal, procede dar traslado a éste» del escrito del sindicato.

La Sala ha hecho lo mismo con el escrito del Foro Ermua. Además, ha dado un plazo a los representantes de las herriko tabernas para que puedan personarse en las actuaciones que se llevan a cabo para determinar si son o no propiedad de Batasuna.