ETA denunció que el Ejecutivo no formalizara su principal compromiso, que frenara «el desarrollo del proceso político entre los partidos», mientras que «su práctica ha ido en dirección opuesta a los principios establecidos en los acuerdos». Además, acusó al PSOE de haber «obstaculizado la firma de un acuerdo que permitía resolver el conflicto».

A juicio de ETA, el Gobierno español, «en lugar de posibilitar la apertura de una nueva fase, ha puesto más límites al proceso, con constantes referencias a los márgenes de la Constitución y la legislación española». Por ello, la organización terrorista advirtió al Ejecutivo de que «no puede pretender construir un proceso de paz con los mismos límites políticos que han provocado el conflicto».

«Bloqueo» del proceso

En todos los encuentros, los representantes de la banda presentaron, además, informes detallados que certificaban «una actividad policial diaria, un permanente acoso a la izquierda abertzale y un goteo incesante de detenciones». Según sostiene el diario, la vulneración de las garantías pactadas fue certificada incluso por los organismos internacionales presentes en el proceso, que demandaron al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero «la necesidad de cumplir dichos acuerdos para que el proceso no se rompiera y pudieran avanzar las negociaciones».

ETA sitúa en esta vulneración de los acuerdos el principal motivo de «bloqueo» que ha impedido abordar otras cuestiones. «ETA situó la posibilidad de desbloqueo en clave política, y así se lo hizo saber al Gobierno», señala Gara.

Al parecer, para la banda la credibilidad del Ejecutivo estaba «muy tocada» puesto que, pese a reafirmar su voluntad de cumplir los acuerdos, «ha continuado violándolos de manera consciente y reiterada». Todo ello llevó a la organización terrorista a pensar que el Gobierno socialista «sólo ha buscado desnaturalizar el carácter político del proceso y retrasar y bloquear el momento de acuerdo entre los agentes vascos, con el objetivo de restringir el proceso a una negociación puramente técnica».