Si los populares persisten en su voluntad de someterlas a debate y votación deberán agotar todo su cupo de proposiciones no de ley y no podrán presentar ninguna en los próximos tres meses.

La primera se someterá a votación en el Pleno de la Cámara a finales del mes de febrero. El mes comienza sin Pleno y el martes 6 de febrero estará dedicado únicamente al debate de totalidad del Estatuto de Canarias. La siguiente semana no habrá Pleno porque el día 18 de febrero se celebra el referéndum sobre el Estatuto de Andalucía y, como es tradición, no hay sesiones en la semana previa a la cita con las urnas.

A partir de ese momento quedarán hasta las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo sólo siete martes con Pleno. Sin embargo, el PP no puede hacer que cada semana se vote una de las proposiciones porque cada grupo dispone de un cupo para presentar las suyas y someterlas a votación. Es decir, los populares deberán esperar a que corra el cupo de todos los demás grupos para llevar las suyas al Pleno.

Fuentes de la Cámara aseguran que con ese planteamiento y, salvo que el PP opte finalmente por retirarlas, quedaría clara la intención de prolongar la confrontación hasta los comicios locales y autonómicos de mayo.

En todo caso, todos los demás grupos parlamentarios ya han pactado que no entrarán en el debate de las proposiciones y se limitarán a escuchar al PP y rechazarlas. Su argumento es que nunca uno de los dos grandes partidos había presentado unilateralmente proposiciones sobre terrorismo.

Además, con ese calendario, obligado por la mecánica parlamentaria, algunas de las proposiciones se plantearán cuando ya es posible que carezcan de efectividad. Por ejemplo, la que se refiere al recurso en Estrasburgo sobre la Ley de Partidos podría llevarse a Pleno después de que se decidiera sobre la admisión a trámite en ese tribunal europeo.

La referida a las listas abertzales podría someterse a votación después de la proclamación de las candidaturas para las municipales y forales de mayo. Algo parecido puede ocurrir con la del proceso judicial sobre Egunkaria.

La petición de retirada de las proposiciones no de ley está sobre la mesa en los múltiples contactos y tres reuniones que han mantenido en los últimos días el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz popular, Eduardo Zaplana, para preparar la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista.

El Gobierno sostiene que debe ser en ese ámbito reservado en el que se discutan la proposiciones del PP. De hecho, el Ejecutivo cree posible que, finalmente, se produzca esa retirada y, para eso, trabaja en buscar alternativas o salidas a cada una de ellas, para que puedan estudiarse en la Comisión de Seguimiento.

Ese objetivo de sacar del debate público del Hemiciclo el terrorismo es también el objetivo de las gestiones de mediación del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.

Desde que se celebró el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados Duran ha hablado ya con José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy, en busca de ese acercamiento.