ROBERTO L. DE CALLE
BILBAO.-
Los partidos que conforman el Gobierno vasco (PNV, EA y Ezker Batua) y Aralar presentaron ayer una declaración conjunta en la que consideran que la causa contra el lehendakari por su reunión con dirigentes de la ilegalizada Batasuna «constituye un ataque al conjunto de la sociedad vasca».
La comparecencia de las cuatro formaciones constituyó una adhesión explícita a la manifestación convocada para el lunes por la formación jeltzale en contra del proceso penal que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sigue contra Ibarretxe. La marcha, que recorrerá el centro de Bilbao, finalizará con la lectura de un comunicado a cargo de los ex lehendakaris Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza.
El texto consensuado ayer reivindica el ejercicio de la política «sin la amenaza de la judicialización». Los promotores del documento se cuidaron de no generalizar sus críticas hacia el conjunto de la Judicatura vasca, pero protestaron por la «progresiva judicialización de la política, que ha sido llevada hasta un extremo inimaginable al criminalizar al lehendakari por haber afrontado con responsabilidad el mandato encomendado por la ciudadanía vasca, y que sólo ésta debería juzgar en lo que tiene precisamente de decisión política».
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, fue más allá en sus críticas y aseguró que el encausamiento de Ibarretxe constituye «un desafío de una parte del Poder Judicial» contra las instituciones vascas. Aunque entendió «legítimo» que un político o una institución esté bajo el control de la Justicia, dijo que «en este caso, no hay razón para ello».
A la querella inicial contra Ibarretxe se suma ahora la que ha interpuesto la plataforma España y Libertad ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la reunión que mantuvo el pasado lunes con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi.
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