Atrás quedan los tres años de Gobierno de Pasqual Maragall en que los partidos del Ejecutivo -entre ellos y también con la oposición- se tiraban los platos a la cabeza casi a diario para airear sus controversias sobre cualquier cosa y, principalmente, sobre el Estatut. Montilla no quiere que Cataluña vuelva a ser protagonista de las portadas de la prensa madrileña y, según parece, Mas comparte ese deseo.

No hay que ir muy lejos para encontrar una muestra del nuevo talante que reina en Cataluña. El vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, fue el encargado de explicar ayer a la prensa el contenido de la reunión, a pesar de que no participó en el encuentro. Un periodista aprovechó la ocasión para preguntarle sobre el caso del etarra José Ignacio de Juana Chaos. Esa misma pregunta, formulada hace dos años, habría provocado una jugosa respuesta, pero el nuevo Carod rehusó amablemente contestar.

El vicepresidente se limitó a contar lo que, a su vez, Montilla le había explicado a él al término de la reunión. No es gran cosa, porque no hubo acuerdos concretos, pero sí buena voluntad. Mas y Montilla se comprometieron a resolver de forma conjunta lo que ellos llaman «los grandes temas de país», es decir, las asignaturas pendientes de Cataluña: inmigración, vivienda, investigación, desarrollo e infraestructuras.

Un solo desacuerdo

Los consejeros de cada ramo se pondrán manos a la obra para elaborar las oportunas propuestas. Mas se comprometió a presentar en breve sus proyectos para ponerlos en común. Después se podrían sumar al pacto los otros dos partidos de la oposición, PP y Ciutadans, cuyos líderes, Josep Piqué y Albert Rivera, respectivamente, se reunirán con Montilla la semana que viene.

Claro que esta armonía no se traducirá necesariamente en pactos unánimes, pues todavía hay mucha distancia ideológica entre los partidos del Govern (PSC, Esquerra e ICV-EUiA) y CiU. En el asunto de la vivienda, por ejemplo, Mas ya avisó ayer de que su partido no apoyará un gran pacto si el tripartito no retira algunas de sus propuestas, como la de expropiar los pisos vacíos o gravarlos con una tasa de nueve euros, que, en opinión de los nacionalistas, son ridículas a la par que inútiles para resolver el problema del encarecimiento de la vivienda.

En la reunión hubo un solo desacuerdo: el relativo al despliegue del Estatut, que se hará en dos comisiones mixtas Estado-Generalitat. CiU quiere participar en estos organismos, pero el Govern dice que es imposible, porque el Estatut sólo se lo permite a los gobiernos.