MADRID. - El jefe del Estado Mayor del Ejército (Jeme), general Carlos Villar Turrau, ordenó ayer la aplicación de una sanción por falta grave al brigada del Ejército de Tierra Jorge Bravo, que conlleva el cumplimiento de arresto por un mes y un día en prisión militar.
El castigo, según fuentes militares autorizadas, responde «únicamente» a las declaraciones en rueda de prensa que realizó el suboficial el pasado 28 de marzo en La Coruña, denunciando «falta de transparencia» por parte de Defensa en el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán, en el que fallecieron 17 militares. Las mismas fuentes añaden que el inicio del expediente sancionador se produjo el pasado 5 de mayo.
Sin embargo, se da la circunstancia de que el brigada Jorge Bravo preside la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), una de las organizaciones militares más críticas con el Ejecutivo y que el pasado sábado respaldó activamente la masiva protesta de guardias civiles que tuvo lugar en Madrid reclamando derechos constitucionales.
En esta concentración, en la que participaron más de 3.000 miembros uniformados del Instituto Armado, Jorge Bravo hizo uso de la palabra, al igual que el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y el líder de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Joan Miquel Perpinya, entre otros. Oficialmente, el Ejército de Tierra recalca que el arresto del brigada, destinado en el Centro de Enseñanza de Helicópteros en Colmenar Viejo (Madrid), se debe a que hizo «manifestaciones contrarias a la disciplina» y, además, las realizó «a través de los medios de comunicación social». Este proceder está considerado como una falta grave, tal y como recoge el artículo octavo del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
En una nota difundida por el Ejército de Tierra se citan algunas de las «aseveraciones falsas» que pronunció el brigada en la rueda de prensa del 28 de marzo de 2006. Así, se recuerda que declaró que los militares de la Brigada de Infantería Aerotransportable (Brilat) se «quejaban» del trato que recibían de sus superiores y que, después del siniestro del Cougar, «se adoptaron medidas especiales para acallar y limitar la libertad de expresión de los soldados, que ya está» -añadió- «bastante limitada».
Además, recuerda la nota oficial, reivindicó «que los militares puedan tener los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano», y denunció la actitud de «tutela paternalista» que siempre ejerció el Ministerio de Defensa sobre las reivindicaciones de los militares.
El brigada Jorge Bravo, según denuncia la Asociación Unificada de Militares de España (Aume) que preside, fue detenido ayer por la mañana sin previa notificación. El suboficial cumplirá la sanción que se le ha impuesto en el Establecimiento Disciplinario Militar Centro ubicado en la Base de San Pedro, en Colmenar Viejo. El arrestado tiene la posibilidad de interponer recurso ante el ministro de Defensa en un plazo que finaliza 15 días después del cumplimiento de la sanción.
Ayer, el secretario general de la Aume, Mariano Casado, expresó a este periódico su estupor por el ingreso en prisión de su presidente. Casado recordó que el Gobierno socialista está incumpliendo la Ley de la Defensa Nacional, en la que se establece un plazo, que ya se ha superado, para adecuar la regulación de los derechos y deberes de los militares. «En vez de regular los derechos se dedican a encarcelar a la gente», afirmó Casado.
La sanción impuesta al brigada Jorge Bravo fue calificada ayer de «desproporcionada» por el secretario de organización de Comisiones Obreras, José Luis Sánchez, quien consideró «grave» que un Gobierno socialista que aboga por el diálogo «confunda la disciplina con unas declaraciones básicas».
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apuntó que el arresto del suboficial Bravo demuestra «la restricción de derechos fundamentales a la que están sometidos los militares y los guardias civiles».