El titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero, que lleva el caso Ciempozuelos, aceptó en su última providencia la personación de Onde 2000, la empresa de Paco El Pocero. Fuentes jurídicas informaron de que el constructor argumenta que los dos ex ediles trataron de perjudicar la urbanización que levanta en Seseña, en un terreno limítrofe con el municipio madrileño.

Como ya adelantó EL MUNDO el pasado 12 de diciembre, el consistorio madrileño presentó en 2003 ocho alegaciones para impedir la aprobación del PAU que construye El Pocero. Entre otras razones, arguyó que no existía demanda suficiente en el sur de Madrid para construir 13.508 viviendas, ni servicios para atenderlas. Paralelamente, tramitaban un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba 11.000 pisos.

También ejercerán la acusación particular el PP y el PSOE. De los grupos representados en el Ayuntamiento de Ciempozuelos, sólo IU y los independientes no se han personado.

El escándalo de Ciempozuelos se destapó cuando se descubrió que Tejeiro y Torrejón habían realizado sendos ingresos de 900.000 euros en un banco de Andorra. Posteriormente, se desveló un contrato por el que la sociedad inmobiliaria Esprode se habría comprometido a pagar una comisión de 40 millones a los ex alcaldes a cambio de obtener un trato preferente en el PGOU. Actualmente, se indaga si el contrato era verdadero o simulado, como sostienen los imputados.

Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón fueron enviados a prisión por los presuntos delitos de blanqueo y cohecho, aunque salieron en diciembre tras pagar sendas fianzas de 1.800.000 euros en bienes muebles cada uno.

Todos los partidos del Ayuntamiento de Ciempozuelos dieron su visto bueno al PGOU por unanimidad. La Comunidad de Madrid, que tiene la última palabra sobre su aprobación, decidió pararlo hasta que se aclare el caso judicial.

IU denunció en julio de 2006 ante la Fiscalía Anticorrupción la comisión de presuntas irregularidades en la adjudicación del PAU de Seseña a El Pocero. Pese a los indicios presentados, el Ministerio Público, que mantiene abiertas las diligencias, no ha llamado aún a declarar al constructor ni a ninguno de los miembros del equipo municipal que aprobó la urbanización.