Viernes, 26 de enero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6249.
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Uno de cada cuatro fumadores quiere que suba el precio del tabaco para reducir el consumo
El 70% de todos los encuestados reclama que el Estado financie los tratamientos para dejar el hábito El 61% es partidario de prohibir el humo en cualquier restaurante y el 54%, en los bares
OLGA R. SANMARTIN

MADRID.- Andan los fumadores con síndrome de Estocolmo un año después de que haya empezado a aplicarse la Ley Antitabaco. Casi la mitad (el 47%) quiere dejar el hábito. Uno de cada cuatro confiesa, tirando piedras contra su propio tejado, que es partidario de subir el precio de las cajetillas para que baje el consumo de los cigarros.

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Los defensores del humo han decidido pasarse al enemigo, hartos de tomarse el menú del día encerrados en una mampara de cristal y de que se les congele el pitillo cada mañana en la puerta del trabajo. Al menos, eso es lo que revela Conocimientos, actitudes y conductas sobre tabaquismo, la macroencuesta que ayer presentó el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

Cosas insólitas que aparecen en este sondeo: la mitad de los que fuman admite a regañadientes que la ley es acertada (lo piensa también el 68% del total de los encuestados); la inmensa mayoría es consciente de que los fumadores pasivos tienen más riesgo de padecer cáncer si respiran humo; seis de cada 10 están a favor de prohibir cualquier tipo de publicidad sobre el tabaco...

Sorprende que muchos de los encuestados vayan más allá de lo que estrictamente exige la norma que controla el cigarrillo y se muestren bien dispuestos a la aparición de nuevas prohibiciones: el 61% pide que se declaren libres de humo absolutamente todos los restaurantes (lo quieren también cuatro de cada 10 fumadores) y el 54% está a favor de que se ilegalice el tabaco también en los bares, opinión respaldada por uno de cada cuatro inseparables de la pitillera.

Las medidas contundentes son el mejor remedio para fumar menos, y así lo creen tanto los adictos como los que no lo son; aunque eso luego repercuta en el bolsillo.

«La medida más eficaz»

Así, el 52% de los 2.513 entrevistados no ve mal que se incremente el precio de las cajetillas. «Es la medida más eficaz», sostenía ayer Rodrigo Córdoba, portavoz del CNPT, haciendo sus cálculos: «Con una subida del precio del 10% disminuye entre un 3% y un 4% el número de fumadores. Y, en el caso de los jóvenes, la bajada afecta hasta el 10%».

Los que más defienden que se suban los impuestos tabaqueros son los ex fumadores (el 60%), que tienden a arremeter en esta encuesta contra todo lo que suponga más humo. Los que menos son los que fuman, pero hay muchos que están dispuestos a arruinarse si eso sirve para dejar el vicio de una vez por todas.

Porque si algo ha conseguido la Ley Antitabaco es inyectarles a los integrantes de este colectivo grandes dosis de culpabilidad que se están reflejando en la proliferación de todo tipo de tratamientos y terapias.

El 30% de los entrevistados intentó quitarse en 2006 y el 18% ha conseguido bajar el número de cajetillas consumidas; es decir, 750.000 fumadores menos y 2.600 millones de cigarrillos a la basura para un país en el que -sostiene la CNPT- se han alcanzado los niveles más bajos de los últimos 20 años. Las mujeres se muestran más concienciadas y los mayores de 45 años. En general, cuanto más fuma uno, más expresa sus ganas de no volver a hacerlo.

Y más cuando se lo recomienda un experto: el 62% lo dejaría sin dudarlo si se lo pidiera su médico, mucho más que si se lo reclamara su pareja (el 44%) o sus hijos (el 50%).

Los fumadores son los que más defienden que la Sanidad pública pague los fármacos antitabaco. Lo dice el 80% de los que fuman, frente al 65% de los que no. En total, esta reivindicación la reclama casi el 70% de los entrevistados.

La ley garantiza todo el apoyo y los consejos que sean capaces de ofrecer los médicos de cabecera... siempre que sean gratis. Algunas comunidades autónomas tienen por su cuenta sistemas de financiación universal (Navarra) o parcial (Baleares, La Rioja, Galicia y Madrid), pero el Estado no paga ningún tratamiento para dejar de fumar.

El CNPT sostiene que al Sistema Nacional de Salud no le costaría demasiado subvencionar parches antinicotina, chicles y otros métodos, y pone como ejemplo al Reino Unido (el único país de Europa que corre con los gastos), donde sólo el 16% de los fumadores ha solicitado ayuda pública. Los que se proponen dejar de fumar con ayuda de fármacos, según Córdoba, tienen el doble de posibilidades de triunfar que los que lo intentan sólo con la fuerza de voluntad.


Sigue habiendo 'narcosalas'

La Ley Antitabaco aún no se cumple del todo. Un 15% de los entrevistados por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha observado que en su centro de trabajo todavía hay una sala habilitada para fumar. A pesar de que son ilegales, las 'narcosalas' sobreviven en el paisaje laboral. Y eso que nadie ha preguntado por lo que sucede en las escaleras de emergencias de los edificios...

Lo que sí que se está consiguiendo es que haya menos fumadores (se calcula que en España se inician en el tabaco 400 personas cada día).

Las ventas de cigarrillos alcanzaron en 2006 los 4.504,87 millones de cajetillas, lo que significa un descenso del 2,8% respecto a las del año anterior, según los últimos datos del Comisionado para el Mercado de Tabaco.

En términos de valor, la venta de cigarrillos disminuyó un 0,8% el año pasado y se estableció en 10.153,78 millones de euros. 'Marlboro' sigue siendo la marca favorita por los fumadores, 'Fortuna' baja y 'Winston' y 'Ducados Rubio' ganan cuota de mercado.


Laboratorios contra tabaqueras

Enemigos irreconciliables: el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y el Club de Fumadores por la Tolerancia, el 'brazo armado' de los laboratorios 'versus' el 'brazo armado' de la industria tabaquera.

El enésimo roce lo han tenido después de que el CNPT haya difundido un documento, al que ha tenido acceso este periódico, acusando al Club de «crear artificialmente un clima de opinión contrario a las regulaciones del consumo de tabaco», de alertar a las empresas sobre futuros conflictos si se suprimían las 'narcosalas' y de presentar encuestas «manipuladas», estudios «cautivos o sencillamente ficticios» y denuncias falsas. Todo ello, ordenado por las tabaqueras.

Alvaro Garrido, portavoz del Club, respondía ayer enfadado: «Son acusaciones burdas y absurdas. Están obsesionados con desacreditarnos. Y, ya que se ponen a cuestionar nuestra forma de trabajar, tengo que recordar que los congresos del CNPT los financian las empresas farmacéuticas...».

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