Pasa en algunos centros escolares y no es legal. Lo recordó ayer la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que durante dos años ha auditado 61 colegios públicos, concertados y privados para calibrar el celo en la materia de la privacidad.

El trabajo, que se denomina Plan sectorial de oficio a la enseñanza reglada no universitaria, concluye que los centros a veces manejan descuidadamente las intimidades de estudiantes y familias y denuncia que, en la mayoría de los colegios e institutos, existen «importantes deficiencias» en el tratamiento de los siempre privadísimos datos personales.

Así, en torno a la mitad de los centros no cumple con la exigencia legal de notificar a la Agencia sus ficheros con detalles personales y se perciben malas prácticas en lo referido a medidas de seguridad, el deber de informar y, entre otros, la recopilación de datos innecesarios.

«Los padres deben saber que los datos de sus hijos se tratan a veces sin la observancia que establece la ley», dice José Luis Piñar, director de la AEPD. «Los centros deben saber que los datos no son de su propiedad, sino de su titular».

Los inspectores de la Agencia han estado rastreando en 14 comunidades -Madrid, Cataluña y País Vasco tienen institución propia- y chequeando centros con minuciosidad de neurocirujano.

Datos innecesarios.

«¿Qué cargo ocupa el padre en la empresa?». «¿Tiene el niño alguna disfunción en el sueño?». Éstas y otras preguntas han de ser respondidas a la hora de rellenar los formularios, sobre todo, en el proceso de matriculación. Según la AEPD, es «habitual» que los colegios pidan «documentación adicional», como operaciones del futuro alumno, cartilla de vacunación, si los padres están separados... La Agencia dice que esta información es «excesiva, inadecuada y no pertinente».

Conservación impropia.

Sucede que en muchos centros concertados y privados (no en los públicos) se almacenan datos referidos al alumno y a su familia de dudosa relevancia, incluso después de su paso por el colegio, tales como los ingresos o el certificado de empadronamiento. «En la mayor parte de los concertados no se ha implantado una política de cancelación de datos, por lo que suelen disponer de ellos indefinidamente», concluye el trabajo. Es inevitable, pues, cuestionarse para qué se querrán.

Cesión sin permiso.

Los centros dan datos de sus alumnos a terceros (empresas, particulares), y en ese trasiego se extravían apellidos, credos y calificaciones. La investigación refleja el impune trasvase y muestra el abanico de destinatarios: asociaciones de antiguos alumnos, asociaciones benéficas que recaban fotos de los estudiantes, subcontratas de comedor... La característica común: no hay consentimiento paterno o, en su caso, de los propios chavales para que esto se haga.