El más alto tribunal italiano se pronunciaba el miércoles en contra de la llamada Ley Pecorella, aprobada hace un año a instancias del parlamentario de Forza Italia del mismo nombre (y, para más señas, abogado de Berlusconi). Una normativa que impide al Ministerio Fiscal apelar la sentencia que declara inocente a una persona en primer grado y de la que Berlusconi ya se vio favorecido en abril pasado, cuando los jueces de Milán rechazaron la solicitud de la Fiscalía de recurrir la fallo absolutorio contra Il Cavaliere por la venta de la empresa pública de alimentación SME.

Según la Fiscalía, Berlusconi habría sobornado a los jueces encargados de la adjudicación a fin de evitar que la compañía SME acabara en manos de uno de sus archienemigos en el mundo de los negocios. Carlo Azeglio Ciampi, presidente de la República Italiana ya manifestó su oposición a la ley, cuando el Parlamento aprobó el texto, se negó a firmarla y la devolvió al Congreso. Una postura que ahora se ha visto refrendada por el Tribunal Constitucional, que sha declarado ilegítima esa normativa.

Una decisión que, sin embargo, ha desatado la ira de Berlusconi, que podría volver a tener que sentarse en el banquillo de los acusados por el caso SME. «No vivimos en una auténtica y plena democracia», arremetía colérico Il Cavaliere tras conocer el fallo del más alto tribunal del país.

«Esta sentencia de la Corte Constitucional nos lleva hacia atrás y es la confirmación de que todas las instituciones están en manos de la izquierda, que hace lo que le da la gana», añadió.