BARCELONA.-
CiU y PP, que presentaron ayer sus alegaciones al decreto de admisión de alumnos en centros sufragados con fondos públicos, arremetieron contra la política educativa de la Generalitat.CiU acusó al Govern de ser «una delegación provincial» del Gobierno central por no desarrollar las competencias educativas previstas en el Estatut relativas al acceso a la educación.
El PP, por su parte, pidió la retirada del decreto porque «ha conseguido el rechazo mayoritario de la comunidad educativa» y también presentó sus alegaciones, una de las cuales es la recuperación del baremo que primaba a las familias numerosas y los enfermos crónicos a la hora de asignar centro, informa Europa Press.
La diputada de CiU en el Parlament Irene Rigau señaló que el Ejecutivo catalán «renuncia a aplicar el Estatut», porque la normativa se limita a «aplicar directamente lo que dice la Ley Orgánica de Educació (LOE) cuando Cataluña tiene una realidad social, lingüística y una red de escuelas distinta».
Entre las alegaciones que CiU tramitará al Parlament el próximo martes destaca la demanda de las familias numerosas de mantener los 15 puntos que recibían según la Ley de familias numerosas, que establece el derecho preferente al régimen de admisión y que «se incumple» con el decreto.
Para Rigau, el decreto «utiliza de una manera exagerada el mecanismo del sorteo», que se puede evitar con «criterios adicionales» además de los que figuran en la LOE. «A ningún padre le gusta que sorteen a sus hijos».
Por ello, pidió «más autonomía para que los centros humanicen al máximo el proceso» estableciendo mecanismos secundarios en caso de empate, como la cercanía del domicilio de un familiar o que los padres sean ex alumnos.
CiU reclama que se cambie el nombre de las Oficinas Municipales de Escolarización y de las Comisiones de Escolarización, ya que se trata de «oficinas de información y no asignan las plazas». En el caso de los celíacos, que también han anunciado alegaciones, la diputada de CiU subrayó que «no es una cuestión de puntos, sino de garantías sanitarias», pues «se tiene que garantizar que los niños recibirán el menú adecuado en todas las escuelas».
Por su parte, la diputada del PP en el Parlament Carina Mejías afirmó que el decreto «vulnera derechos que las familias ya tenían recogidos y que, además, otras leyes se los otorgan», como es el caso de las familias numerosas. Mejías también pedirá que los enfermos crónicos recuperen los puntos del baremo, ya que también son alumnos con necesidades educativas especiales.
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