Una de las más polémicas vino protagonizada por el secretario general del PSE-EE, Patxi López, quien si bien dijo «acatar» el rechazo de los jueces a que el etarra cumpla la pena en su domicilio, objetó que ésta «no es la decisión más acertada». Según opinó, la prisión atenuada no suponía hacer «ninguna dejación ni cesión a un chantaje», sino ofrecer unas condiciones de prisión «que podrían evitar una muerte».

López, quien en ningún momento aludió al carácter voluntario de la huelga de hambre del recluso, llegó a argumentar que un Estado de Derecho no debe buscar la «venganza», sino la «justicia», y que está obligado a «preservar la vida de sus reclusos porque es su responsabilidad».

Además, el dirigente socialista se preguntó en Antena 3 qué podría ocurrir si el Tribunal Supremo revocara su condena, recientemente dictada por la Audiencia Nacional por delito de amenazas, después de que el etarra hubiera fallecido. «¿Qué pasa si la sentencia firme es absolutoria o es menor del tiempo que ya ha cumplido por esos dos artículos?», se preguntó. Y es que López también entró en el fondo de la causa y polemizó con la propia condena, juzgándola «desproporcionada».

Por último, López advirtió de que la izquierda abertzale utilizará «descaradamente» una posible muerte de De Juana, a quien presentarán «como un mártir de la causa».

En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, expresó ayer su respeto por la decisión de la Audiencia Nacional, pero manifestó que «había otras soluciones con fundamento en Derecho». «La gente debe saber», declaró a la Ser, «que no es la primera vez que por preservar el derecho a la vida de una etarra o de un preso en situación de salud grave se contempla alguna otra solución».

Tras calificar a De Juana de «asesino aborrecible», y en respuesta al presidente del PP, Mariano Rajoy, el ministro señaló que el Ejecutivo no tiene nada que rectificar, y desafió «a quien encuentre una sola declaración en la que el Gobierno intente precondicionar la respuesta judicial». «Éste es un país de leyes donde trabajan las instituciones y las leyes las interpretan los tribunales de Justicia, y hay que dejarles trabajar», afirmó.

Por el lado popular, su número dos, Angel Acebes, se preguntó qué le habría costado al Gobierno decir que la resolución «estaba bien». Pero fueron Gabriel Elorriaga e Ignacio Astarloa quienes arremetieron contra ambos dirigentes socialistas, al tiempo que el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, declaraba que Patxi López «ha abundado en el ridículo en que la Audiencia Nacional ha dejado al Gobierno».

El secretario de Comunicación del PP objetó a Patxi López que los procesos penales y las condenas contra delincuentes y terroristas «no se establecen como venganza sino, primero, como castigo por el delito cometido, y luego, como sistema de protección social». «En el caso de De Juana», afirmó, «ambas funciones de la pena se entienden con claridad. No hay ninguna duda sobre su militancia terrorista y su voluntad de hacer todo el mal que esté en su mano a la sociedad española». «Es evidente que la pena, en este caso» -añadió- «es también una garantía de seguridad para todos los españoles. Por lo tanto, me parece inconcebible que un dirigente del PSOE pueda hacer declaraciones de esta naturaleza».

Más duro se mostró Elorriaga con el ministro de Justicia. Criticó, sobre todo, su «imprudencia» por hacer declaraciones institucionales sin proceder a su «inmediato relevo» al frente de la cartera. En cuanto al fondo de su declaración, Elorriaga juzgó poco «razonable» en un ministro de Justicia hacer cualquier comentario distinto del necesario respeto a la decisión judicial.

Por su parte, Astarloa fue más allá al reclamar desde Jaén que el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado dimitan de sus cargos «si les queda algo de decencia». El secretario ejecutivo de Seguridad del PP, que insistió en que «el Gobierno sigue en el escenario de la negociación», exhortó al ministro de Justicia a que «deje de hacer el ridículo» en el caso de ETA y de De Juana Chaos.

Astarloa alegó que la situación procesal del etarra se debe a las «decisiones adoptadas» por López Aguilar y su «amigo del alma», en referencia a Conde-Pumpido. Así, recordó que hace dos años el titular de Justicia «sacó pecho y dijo que haría todo lo que pudiera para que De Juana no saliese, pero tras el proceso de negociación con ETA el Gobierno se ha puesto a hacer cesiones».