De repente nos encontramos, desde esa izquierda que tanto reivindica la autonomía personal ante la vida y la muerte, con negaciones puras y simples de la legitimidad jurídica de una decisión que rechaza un evidente chantaje por parte de un delincuente. En la cadena Ser escuchamos a Antonio Franco, ex director de El Periódico, afirmar que el tribunal ha actuado por «venganza». Y, en un nuevo editorial, El País afirma: «La cuestión es si el Estado, responsable de la vida de los presos bajo su custodia, puede hacer algo más de lo que ha hecho para evitar la muerte del recluso». El mensaje: pónganse los delincuentes reclusos en huelga de hambre, que el Estado deberá liberarlos para preservar su vida. (Por cierto: ¿Quién preservó la de Madeleine Z.?).

Más llamativo aún: algunos periodistas, ante este embate de proclamas contra la Audiencia, se quedan un tanto impresionados y faltos de reflejos. Ayer contemplábamos a Vicente Vallés en Telecinco, entrevistando al muy indignado consejero vasco Joseba Azkarraga, que aseguraba una y otra vez que De Juana está en prisión por «delito de opinión», y el periodista no sabía recordarle que lo que el etarra hizo en las páginas de Gara fue proferir terribles amenazas contra los funcionarios de prisiones, con nombres y apellidos. ¡Toma opinión!

Claro que, entre Iñaki Anasagasti (que hace dos meses recordaba severamente que «De Juana Chaos no es precisamente un angelito», pero ahora proclama que si muere «se habrá aplicado la pena de muerte en España») y el propio diario Gara, señalando con nombres y apellidos a cada juez de la Audiencia, ya se están encargando muchos de hacer lo propio ante la previsible reanudación de los crímenes de ETA. Terribles horas para el Estado de Derecho.