Los magistrados Ana Iracheta, María Victoria Cinto e Iñigo Madaria -presidentes de las audiencias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, respectivamente- y Juan Luis Ibarra, presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJPV, se adelantaron un día a la declaración institucional del Gobierno vasco contra la «politización» de la Justicia, y recordaron que «ninguna autoridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial goza en España de inmunidad penal».

Además, animaron a los legisladores a rescatar la figura predemocrática denominada «antejuicio» -que establecía que el enjuiciamiento contra las autoridades sólo podía iniciarse por la Fiscalía o a instancias de la persona perjudicada- si estiman «conveniente» adelantar «la barrera de protección de las autoridades frente a la apertura de procedimientos penales contra ellas».

Frente a la manifestación convocada por el PNV para el próximo lunes, en contra de la causa penal abierta a Ibarretxe y a la que se han adherido los miembros del tripartito y Aralar, los magistrados afirman que, «ciertamente, el Código Penal exime de responsabilidad» a las autoridades que ejercitan legítimamente su cargo, pero apostillan que es el juez quien debe determinar si el querellado actuó conforme a sus «atribuciones constitucionales».

También reflexionan que, por mucho que una mayoría social apoye la actuación del gobernante encausado, la exención de la responsabilidad penal no puede ser previa al proceso judicial y sólo se puede defender durante el mismo.

Los magistrados recuerdan que la ley confiere a todos los ciudadanos la potestad de ejercer la acción popular contra las autoridades de la comunidad autónoma, y abundan en que el artículo 118 de la Constitución obliga, no sólo a cumplir las resoluciones firmes, sino también a «prestar la colaboración requerida» por los tribunales «en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto». Asimismo, rescatan la doctrina del Constitucional que sostiene que el «leal cumplimiento al deber de atención a los requerimientos judiciales» es «necesario para la vigencia del Estado de Derecho».

Por último, afirman que se equivocan quienes apuesten por «blindar» de la acción de la Justicia las actuaciones de las autoridades porque, más allá de ella «no habita la democracia».