MARISA CRUZ
MADRID.-
La Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) estudia ya movilizaciones para exigir el reconocimiento de los derechos constitucionales de los militares y la puesta en libertad inmediata de su presidente, el brigada Jorge Bravo, que el jueves fue arrestado por orden del Jefe del Estado Mayor del Ejército (Jeme), el general Carlos Villar. Bravo cumple una sanción de un mes y un día en un centro disciplinario militar por la comisión de un falta grave consistente en haber vertido en rueda de prensa «aseveraciones falsas» y «contrarias a la disciplina», acusando a Defensa de falta de transparencia en relación con el accidente del Cougar en Afganistán.
Ayer, el secretario general de la Aume, Mariano Casado, anunció que habrá movilizaciones, aunque todavía no se ha concretado de qué tipo serán ni en qué fecha se llevarán a cabo. La Organización de Asociaciones Europeas de Militares (Euromil), en la que recientemente ingresó Aume, ha trasladado ya su solidaridad y pleno apoyo a cuantas actuaciones decidan llevar a cabo para responder a la actitud del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar.
Aume liga, sin dudar, la sanción impuesta a Jorge Bravo con su participación activa en la concentración llevada a cabo por más de 3.000 miembros de la Guardia Civil hace una semana en Madrid. Igualmente, cree que se trata de un intento de aplicar un correctivo por las reiteradas denuncias que realiza la asociación en relación con el reparto de la subida militar entre los soldados, y su continua lucha en favor del reconocimiento de los derechos constitucionales para los militares. «Se nos ha intentado trasladar el mensaje», dijo Casado, «de que no nos movamos porque, de lo contrario, nos atizarán».
La asociación presentará tres recursos para intentar que se anule la sanción de arresto impuesta a su presidente. De manera inmediata, interpondrá un recurso de habeas corpus reclamando la puesta en libertad del brigada; otro, preferente y primario por la vía contencioso disciplinaria (cuenta con un plazo de cinco días desde el jueves), y un tercero de alzada ante el ministro de Defensa (para el que cuenta con un plazo que no puede ir más allá de los 15 días posteriores al cumplimiento de la pena).
El secretario general de Aume cuestionó el procedimiento por el cual se procedió al arresto inmediato de Jorge Bravo, sin comunicación previa, cuando el brigada se encontraba desempeñando en destino su trabajo como controlador de tráfico aéreo militar en Colmenar Viejo. Dos capitanas interventoras le notificaron la sanción en la misma torre de control en la que prestaba servicio a las 12.00 horas y se le instó a que antes de las 14.00 horas ingresara en el Establecimiento Disciplinario Centro, también de Colmenar. Bravo se presentó en dicho centro a la hora precisa y se encontró con que nadie tenía noticia de su arresto. Finalmente, y sin pasar el reconocimiento médico oportuno, ingresó en el centro disciplinario. Todas estas circunstancias inducen a Aume a considerar que la decisión fue tomada con urgencia para «intentar amedrentar» a los militares. El secretario general recuerda que fue precisamente José Antonio Alonso quien, como ministro del Interior, autorizó el registro de Aume como asociación legal.
El brigada se encuentra custodiado por la Policía Militar y disfruta de un régimen de visitas de amigos y familiares, pero se le ha retirado el teléfono móvil. Jorge Bravo aseguró el jueves por la noche al secretario general de su asociación estar dispuesto a «pasar arrestado cuantos meses hagan falta si con ello se consigue la regulación de los derechos».
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