En contra del criterio de la fiscal del caso -que aprecia, al igual que la juez de instrucción, que el comisario Miguel Angel Santano y tres de sus mandos cometieron presuntos delitos de falsedad documental y tentativa de falso testimonio- la Junta de Fiscales Decanos estimó ayer, por mayoría, que no hay motivos para sostener la acusación.

Los 16 fiscales decanos del Tribunal Superior de Madrid que tienen competencias penales se reunieron ayer con el fiscal jefe, Manuel Moix, para discutir la postura del Ministerio Público en este asunto. La juez instructora, Gemma Gallego, dictó el 10 de enero un auto en el que concretaba los indicios de delito que aprecia contra los cuatro mandos policiales y solicitaba al fiscal y a las acusaciones que presentaran escrito de acusación o pidieran al archivo.

Ésta segunda será la postura de la Fiscalía de Madrid, satisfaciendo el deseo del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

Tras una reunión de tres horas, 11 de los 16 fiscales decanos opinaron que Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez, no incurrieron ni en falsedad documental ni en falso testimonio. Los otros 5 respaldaron parcialmente el criterio de la fiscal del caso al apreciar indicios de falsedad documental.

Para la mayoría, el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique no era un documento oficial, ya que nunca llegó a tener los sellos oficiales que hubieran supuesto su introducción en el tráfico jurídico.

Lo que se produjo, estiman, fue una reasignación del peritaje a la vista de que el informe presentado por los tres funcionarios no convenció a los mandos.

La mayoría defendió que Ramírez tenía facultades para rechazar el informe de los peritos. De esta forma, no habría habido manipulación del documento inicial sino emisión de un documento nuevo.

El hecho de que Ramírez asegurara en ese documento, de modo incierto, que él había realizado los análisis del ácido bórico es irrelevante desde el punto de vista penal para la mayoría de los fiscales decanos: uno de los peritos firmantes (Manrique) no llevó a cabo prueba alguna, mientras que una de las técnicas esenciales (la difracción de rayos X) fue realizada por un cuarto funcionario que no aparece en el informe.