Goliat no sería otro que el PSOE de Andalucía, que, pese a su «campaña sistemática y feroz», ve ahora cómo el grupo minoritario por excelencia del Parlamento autonómico -el único, además, que defiende el no al nuevo Estatuto de Autonomía- le exige públicamente (resolución en mano, cual honda) no sólo la «retirada total» de la polémica campaña institucional, sino también la dimisión del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, como «responsable directo» de la misma, y que sea el propio Partido Socialista y no la Administración autonómica quien asuma ahora el coste económico que se ha generado, y que ascendería hasta los 1,5 millones de euros.

En rueda de prensa, el líder de los andalucistas, Julián Alvarez, no dudaba en calificar ayer la decisión de la Junta Electoral Central como «la más grave desde el arranque de las instituciones democráticas en Andalucía», por lo que reclamó al Gobierno autonómico que no se limite a suprimir el lema Muy nuestro y proceda a la retirada de la campaña.

A su juicio, resulta obligado que el Ejecutivo que preside Manuel Chaves «asuma su responsabilidad», para lo cual el coste económico de la campaña ilegal tendría que pagarlo el PSOE «de su bolsillo, y no del de todos andaluces».